Jueves  23 de Enero de 2020 | Última actualización 09:11 PM
Por: Prensa Latina | 3:40 PM

LA PAZ, 22 de enero, 2020 (PL).- El gobierno de facto de Bolivia está a punto de lograr la impunidad de mercenarios extranjeros y terroristas locales que planeaban asesinar al presidente Evo Morales, tras anular la denuncia oficial del caso.

El Ministerio Público y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunciaron que el 3 de febrero tomarán una decisión sobre la absolución de los magnicidas frustrados por una operación policial en la que fueron abatidos tres mercenarios foráneos, en abril de 2009.

El archivo del caso fue virtualmente ordenado en días por la presidenta del régimen, Jeanine Áñez, y su ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, declaró que el proceso debe anularse y volver a fojas cero.

El fiscal a cargo, Marco Rodríguez, adelantó que el retiro de la acusación es casi un hecho, confirmando así que el sistema de justicia está al servicio del régimen de facto, según denuncias de las víctimas de la represión y de analistas opuestos a Morales.

La anulación de la denuncia, explicó Rodríguez, tendrá el efecto de una absolución de los conjurados para matar al líder indígena al que consiguieron derrocar con una ola de violencia y la presión militar que lo obligó a renunciar el 10 de noviembre último.

El Ministerio de Gobierno (Interior) no solo se adelantó ayer al pedir el retiro de la denuncia, sino que calificó el frustrado magnicidio como una supuesta farsa del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAR) usada para reprimir a políticos de la oriental ciudad de Santa Cruz, donde se gestaba el atentado.

En 2012 se inició el juicio contra 22 involucrados, de los que cuatro fueron excluidos por razones de salud y seis reconocieron sus culpas, acogiéndose al llamado proceso abreviado.

Tras instalarse el gobierno golpista, se sucedieron una serie de acciones y hechos para debilitar el prolongado proceso, junto a presiones de los abogados, afines al régimen de Áñez, y retornó impune uno de los acusados, el empresario y político derechista Branko Marinkovic, financista del magnicidio, tras permanecer 10 años prófugo en Brasil.

Además, dos juezas ciudadanas del tribunal a cargo del tema renunciaron alegando presiones de la administración de Morales y, según fuentes judiciales, lo hicieron bajo presión del gobierno golpista, que acusa al exmandatario de financiar el juicio, porque su gobierno costeó pasajes de magistrados a la sed de las audiencias.

Paradójicamente, mientras los complotados para matar al líder indígena quedan impunes, el exministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, permanece en prisión por acusaciones entre las que figuran supuestos delitos cometidos en el manejo del caso de los aprestos del magnicidio, lo que él ha desmentido.