Viernes  19 de Julio de 2019 | Última actualización 05:56 AM
Minería criminal
Por: Columnista de Barrigaverde.net | 9:07 AM

El Noroeste y Suroeste del país están amenazados de morir de sed a consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo, instituido para proteger las fuentes de agua de la Cordillera Central que gravitan sobre esas regiones. Por primera vez en la historia republicana defender el agua frente a la voracidad de corporaciones mineras y depredadores forestales es considerada inconstitucional.

Los conjurados son la Cámara Minera, Cámara Forestal, Gobierno-PLD y el Tribunal Constitucional (salvo dos excepciones). Y esto ni es gracioso ni gratuito.

Los concesionarios favorecidos por su ubicación en el Parque Manolo, bordes y proximidades son UNI-GOLD (en su corazón), GOLD QUEST (lado Sur), los Canelones-Yasala Financial SRL- empresas de bienes raíces (cerca de UNI-GOLD, afecta Nalga de Maco) y también en el Suroeste próxima a GOLD QUEST, LA BULLA-Francisco González Abreu (arena-titanífera-arriba del Parque), SABANA NOVILLERO-Acero Ruiz (Santiago Rodríguez) y MATAS DE CECIBAO- Cemento Cibao (Parque PIQUI LORA).

El crimen es de lesa patria porque la desprotección de esos 351 km2 procura sacrificar el agua y la vida de esa vasta región para engrosar arcas mineras privadas, cajas fuertes de grandes aserraderos y alcancías de capos políticos mediante la extracción de oro, plata y titanio de las entrañas de la Cordillera Central; e incluye luz verde a la CARRETERA SUR-NORTE que uniría las principales concesiones mencionadas a manera de ruta minera.

Adiós entonces al sistema de ríos, las correntías que alimentan Presa de Moción, regadíos y acueductos provinciales… Adiós producción bananera, ganadera y arrocera…

La mentira es el sustento de esa determinación de muerte lenta, pero masiva, contenida en la sentencia inapelable del TC que aplastaría la vida vegetal, animal y humana, imponiendo escasez de agua en esas regiones y garantizando abundancia de oro y dólares para un puñado de magnates.

Esa sentencia es un mamotreto. No es verdad que en ese Parque existen comunidades humanas afectadas en sus derechos. Las tierras fueron comuneras, hoy del Estado. Allí hay menos de cincuenta casas dispersas, algunas de veraneo. La única comunidad próxima es Corocito, ubicada en Altos de Mao.

La propiedad privada que esa sentencia defiende es la Uni-Gold, concedida para exploración minera luego de establecido el Parque (con una extensión violatoria de la ley) y la de otras corporaciones ya mencionadas.

El palo “asechao”, artero e “inapelable” está en vilo, porque este pueblo, el Los Haitises, Loma Miranda y San Juan, segurito apelará esa sentencia en calles y caminos repletos de multitudes indignadas.