Martes  29 de Septiembre de 2020 | Última actualización 08:14 PM
La salud pública no es caridad
Por: HUGO CEDEÑO | 7:53 PM

● Solo un pueblo consciente de su destino puede enfrentar los terribles efectos del Covid-19.

La Salud Pública es un derecho inalienable de todo ser humano y un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. No es limosna ni caridad.

Quien las tiene que garantizar es el Estado y debe asumir el papel rector en ese campo. (Antonio Bellora. La Salud Pública. Buenos Aires, Argentina, 1972). “Su fin es una población sana para una nación mejor”, afirma el autor, en la citada obra.a

Cuando escuchamos que el gobierno de Abinader invertirá una determinada suma de dinero en Salud Pública para combatir el COVID-19, solamente pensamos en equipos médicos y de protección, estructura física adecuada y medicamentos.

Pero olvidamos las funciones que tienen que ver con la parte social. Esta se refiere a mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo las necesitadas.

Esta mejoría enfoca el entorno social y laboral en que se desenvuelven los seres humanos de carne y hueso.

Los grandes avances de la ciencia médica son incuestionables. Pero las epidemias tienden a repetirse. Sin modificar las condiciones ambientales , naturales y sociales en que éstas se desarrollan, no es posible erradicarlas definitivamente.

La acumulación de residuos, agua estancada, falta de agua potable, drenaje, cañadas sucias, ausencia de recolección de desechos sólidos, sin calles, contenes y calzadas adecuadas, deficiencia de tendidos eléctricos, sin parques de recreación, ausencia de buena educación académica, alimentaria y sexual, a lo que sumamos el terrible desempleo, pluriempleo, trabajo informal y otros males propios de nuestros países.

A todo esto, hay que sumar la forma en que la salud pública margina a las grandes mayorías nacionales traspasando al sector privado sus responsabilidades, incentivando la tendencia a que sea “el enfermo” quien se mueva hacia los hospitales y no el Estado quien acuda a los grandes barrios marginados a ofrecer servicios.

Si hubiera una política sanitaria preventiva el Estado necesitaría incrementar sustancialmente el personal de salud e invertir en mejorar su calidad de vida y ambiente laboral.

También construir centros de salud bien equipados y cerca de los sectores con mayor composición poblacional y no en lugares de difícil acceso.

En consecuencia, los gastos para combatir el COVID19 deberían incrementarse sustancialmente, pero, sobre todo, las inversiones deberían privilegiar la mejoría de las condiciones materiales y espirituales de las grandes masas obreras y populares.

En consecuencia:

Debemos demandar que el gobierno intervenga los centros médicos privados, laboratorios, empresas farmacéuticas y negocios de equipos para colocar esos recursos al servicio de la salud pública.

Cortar de inmediato el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública externa e interna.

Colocar un impuesto complementario a las grandes empresas que en medio de esta pandemia elevan sus fortunas y usar ese dinero en incrementar el subsidio que reciben las familias de bajos ingresos.

Congelar y rebajar las tarifas de los principales servicios, como agua potable, recoger desechos sólidos, energía eléctrica, comunicación, combustibles, medicamentos, educación, peajes, y sobre todo, eliminar el odioso ITBI y mayor control de precio productos básicos.

Eliminar las ARS y AFP. Control estatal de la salud y seguridad social para todo dominicano y la dominicana.

Devolver el 100% del dinero acumulado por los afiliados y afiliadas en las AFP para que sean éstos y éstas quienes decidan qué hacer.

Hay que irse a fondo. No puede haber un plan efectivo para combatir los efectos del COVID19 sin pensar primero en los más afectados/as que serían las grandes mayorías nacionales, incluyendo a los trabajadores inmigrantes y sus familiares.

Tampoco tendría efectos, sin integrar al pueblo a la toma de decisiones y control democrático de los recursos.

Solo un pueblo consciente de su destino puede asumir todas las tareas que implican derrotar los terribles efectos del COVID19.

Nadie tiene moral para exigir al pueblo disciplina y cuarentena sin primero tomar todas las medidas de lugar para ofrecer mejores condiciones de vida material y espiritual.