Miercoles  27 de Enero de 2021 | Última actualización 06:21 AM
Alianza público-privada
Por: HUGO CEDEÑO | 8:00 AM

Querido(a) lector(a), usted y yo sabemos que eso de Alianza Público-Privada (APP) no es nuevo.

Sólo hay que desempolvar los acuerdos de la autovía Santo Domingo-Samaná, Aerodom, los contratos con generadores eléctricos, Barrick Gold, entre otros.

La APP, es en esencia una política privatizadora, pero envuelta en discursos y frases bellas para confundir a incautos.

Por más que traten de ocultar la verdad, cuando comparamos sus argumentos con los hechos, veremos que dentro del estuche hay caramelitos envenenados con cianuro.

Los banqueros nacionales e internacionales no invierten para perder.

Su regla es acumular dinero y ampliar su presencia en el mercado nacional e internacional.

Su dinero no se dirige a cualquier sector de la economía. Prefieren aquellos donde la rentabilidad sea mayor y no existan riesgos que pongan en peligro su capital.

Eso dice la experiencia de Brasil, Colombia, Chile, Perú, donde los capitalistas se asocian a los gobiernos para invertir en minería, energía eléctrica, transporte, turismo y otros sectores de alta rentabilidad.

Además, los capitales demandan de gobiernos garantías en caso de eventualidades.

Y que más que nuestras playas, bosques, ríos, mares, puertos y aeropuertos, oro, plata y demás riquezas del subsuelo, o los activos estatales, por ejemplo, Punta Catalina.

¿Por qué los gobiernos acuden a este tipo de alianza?

Se debe a la enorme crisis económica por la que atraviesan acelerada y puesta en evidencia por el COVID-19.

Frente a la crisis, los gobiernos burgueses elaboran planes que tienden a que los asalariados y demás sectores explotados sean sacrificados.

Observen que el gobierno de Danilo Medina, fue quien aprobó la Ley, creyendo que su partido iba a quedar en el poder. Ahora Abinader es quien se apresura a ponerla en práctica.

PARA PAGAR DEUDA EXTERNA.

Los prestamistas como el BID, FMI, Banco Mundial, saben de la crisis en curso y están preocupados por el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa.

En común acuerdo con el gobierno y los congresistas deciden ir a fondo en aplicar la alianza público-privado.

Acumular deudas es el plan del gobierno con el visto bueno del empresariado. Los prestamistas están de pláceme porque ese es su negocio.

De manera, amigos y amigas, que esa alianza tan bellamente vendida está al servicio del capital, los intereses políticos del gobierno, su partido y “oposición" que la bendice.

Por eso el Consejo de Hombres de Empresas está orgulloso que la Ley esté funcionado y se integra a las decenas de “comisiones” formadas para tales fines.

Sin ese acuerdo, los préstamos, no llegan. Por ejemplo, los US$500 millones que los congresistas acaban de aprobar supuestamente “para combatir el COVID”.

Ustedes saben amigos y amigas, que el gobierno tiene distintas formas de buscar dinero sin reventar a los pobres, entregar los activos estatales ni endeudarse más.

No soy consejero de ningún gobierno. Pero voy a poner un ejemplo que es de dominio público. Me refiero a la evasión fiscal.

El articulista Edwin Ruíz, en el periódico Diario Libre del miércoles 30 de septiembre, página 16, informa que durante el periodo 2007-2017 “la evasión de impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (leáse “empresas”) fluctuó entre el 56.36% y 68.47% del potencial de las recaudaciones tributarios. Se recaudó menos de lo que se evadió”.

Son miles de millones de pesos que los propietarios de grandes riquezas dejan de pagar.

Los del gobierno, como es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no llama las cosas por su nombre.

No dice que son evasiones, sino “incumplimientos” para no herir la sensibilidad de los capitalistas.

Los evasores toman dinero que no es suyo y por lo tanto son delincuentes.

Finalmente, los reportes del Banco Central dicen que en medio de la pandemia los sectores salud y financiero respectivamente, lograron muchos beneficios, por lo que el Estado debiera recibir más recursos mediante impuestos a esas ganancias.

Y ni hablar de los miles de millones robados por los funcionarios de los anteriores gobiernos que pudieran ser recuperados.

Pero es más fácil enviar el aumento a la Policía para enero 2021 que tomar medidas que afecten los intereses de los ricos y privilegiados.

Total, el gobierno actual y los anteriores fueron colocados para jugar ese papel.

Santo Domingo, RD.
1 de octubre, 2020.