Entre la memoria y el asombro, escribo en primera persona

Por LILLIAM OVIEDO

En 1993, cuando una corte estadounidense dispuso que la ecuatoriana Lorena Gallo fuera
internada por mes y medio en un centro psiquiátrico en lugar de pagar con prisión el delito de
haber amputado el pene a su entonces marido, el exmarine John Wayne Bobbit, el
sensacionalismo halló material para crear contenido escandaloso, obviando la absolución al
marido mutilado, quien fue acusado de violación por la propia Lorena.

Aberrantes pronunciamientos machistas fueron emitidos en los diarios dominicanos y sostuve,
entonces, una discusión pública con el periodista Ubi Rivas.

Afirmé que, sin restar gravedad al acto cometido por Lorena, era preciso reconocer que se
comprobó que ella había sido víctima de agresión física y psicológica y de violencia sexual, a lo
que el conocido comunicador respondió que, en el matrimonio, la mujer “debe y tiene” que
estar dispuesta a los requerimientos sexuales del hombre.

Reconociendo como extensa la introducción, confieso que hoy, la memoria se convierte en
horror y escribo en primera persona porque antepongo, al ejercicio profesional, el deber de
alzar mi voz como mujer comprometida.

Treinta y dos años después de esa discusión, es indignante que en República Dominicana sea
aprobado (o discutido siquiera), un código penal que obliga a la mujer a llevar a término un
embarazo sin importar lo que preceda, acompañe o suceda a ese embarazo.

Es la línea de la Constitución del año 2010. Es preciso destacarlo, aunque los analistas
comprometidos con el sistema hayan impuesto la moda de edulcorar la figura del expresidente
Leonel Fernández, mentor de esa Constitución.

Como nota al margen, pero sin restarle actualidad, hay que decir que, tras desgastarse el
espectáculo politiquero alrededor de la real o supuesta disputa con su exesposa, la
exvicepresidenta Margarita Cedeño, monta el espectáculo familiar usando la figura de su hijo,
el declarado derechista Omar Fernández. El lazo familiar se convierte en instrumento
politiquero y hasta en mecanismo de lucro. Sus asesores de imagen no saben que es
infuncional toda anestesia contra el horror.

Un código que criminaliza la interrupción del embarazo por cualquier causa, resta gravedad a
la agresión sexual dentro y fuera del matrimonio, crea una especie de tolerancia legal a la
agresión contra niños, niñas y mujeres y protege varias formas de corrupción y delitos contra
el erario, es una pieza hija del atraso político y de la dominación de clase en asociación con la
caverna política y las vetustas instancias de dominación cultural. ¿En el nombre de cuál padre,
de cuál hijo o de cualquier espíritu nada santo se impone semejante condena?

¿A qué siglo nos transportan? ¿Es pertinente la pregunta sabiendo que recientemente se
instaló en la Casa Blanca la misoginia declarada a través de un empresario de concursos de
belleza y otras formas de explotación y degradación de la condición humana?

Es tan vergonzoso el caso que la familia presidencial, la esposa y las hijas del presidente Luis
Abinader, quienes no se han pronunciado contra el tratamiento inhumano a las parturientas
haitianas, se pronunciaron contra el retroceso que, en términos legales, representa la
aprobación del Código Penal.

¡Otro caso en que la familia se utiliza para un ejercicio demagógico! Luis Abinader necesita
preservar su figura y la imagen de su grupo y sus asesores utilizan para ello la condición
femenina de su núcleo familiar. Se trata de rebajar el costo político de una acción. Otro intento
de anestesiarnos contra el horror.

¿Y qué se puede decir de los analistas que durante años han solicitado que el Código sea
aprobado sin las tres causales reconocidas en el mundo entero para la interrupción del
embarazo?

Pero hay otro motivo de horror. Más de treinta años después de la relativa absolución de
Lorena Gallo debido a su indiscutible condición de víctima de un hombre que ha abusado
también de otras mujeres, desde el Congreso y desde los medios de comunicación, se desatan
los más aberrantes pronunciamientos machistas.

¿Para qué citar al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco? ¿Para qué repetir el
pronunciamiento de la diputada Altagracia de los Santos, en defensa de la relación sexual no
consentida? ¿Para qué citar a periodistas e “influencers” formados en la escuela del
sensacionalismo y de la deshumanización? Eso también causa horror.

El reto es contribuir a crear conciencia. Hay que problematizar la exigencia de una educación
de calidad y arrebatar a la clase dominante los medios de comunicación secuestrados y
convertidos en propagadores de antivalores y de contenido basura. Todo eso es parte de la
lucha por el reconocimiento de la condición humana de las mujeres… Que urge…