Corrupción a lo grande con deuda inmobiliaria dominicana
Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO.- Cuando se pensaba haber visto todo en materia de corrupción en Dominicana con desfalcos y estafas al Estado efectuados por importantes personajes, apareció un gran caso vinculado a la llamada deuda inmobiliaria que ocupa titulares hoy.
El reconocido periodista dominicano Nelson Encarnación, en un artículo publicado este miércoles en el diario El Caribe, abordó el tema de forma exhaustiva y crítica.
Encarnación señaló que la deuda inmobiliaria, una obligación del Estado por décadas inamovible, es uno de los capítulos ocultos de la corrupción administrativa en esta nación, por vía de la cual ocurrieron importantes robos de fondos públicos mediante múltiples maniobras dolosas.
Explicó que aunque la Constitución prohíbe expresamente las expropiaciones, durante años el Ejecutivo se amparó en sus prerrogativas para efectuarlas pero sin compensar a sus legítimos dueños.
En ese marco discrecional y a veces abusivo del Estado, agregó, fueron acumuladas deudas con antiguos propietarios de terrenos por más de 175 mil millones de pesos (tres mil 174 millones de dólares), una cantidad la cual de saldarla desestabilizaría la macroeconomía, pues entraría en la economía una cantidad de dinero casi igual a la masa monetaria actual.
En cuanto al hecho de marras que es noticia, el comunicador escribió: “nunca habíamos conocido un nivel de depravación tan burdo como el atribuido por el Ministerio Público a los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero (exministro de Hacienda) y Simón Lizardo (expresidente del Banco de Reservas), entre otros”.
Hablamos, apuntó, de como la extracción de recursos públicos por esa vía, de acuerdo con la Procuraduría, sobrepasó los 17 mil millones de pesos (307 millones de dólares), y su valor es de tal magnitud que supera la asignación presupuestaria combinada de varios ministerios e instituciones del país.
Por ello, el comunicador tildó ese presunto robo como una de las acciones dolosas contra el Estado que deberá marcar época, al menos en esta modalidad de sustracción de fondos estatales.
Finalmente, en el artículo se pregunta: ¿La erogación de esa astronómica suma fue obra de los funcionarios citados o contó con la autorización del presidente Medina?, para concluir con la solicitud de “una respuesta oportuna”.
