Honduras: consejero Ochoa aseguró no acompañará declaratoria sin contabilizar total de actas
Por TeleSUR
- Según Ochoa Ochoa, “aprobar correcciones sin auditoría previa abre un flanco de controversia jurídica y política”.
TEGUCIGALPA.- El consejero del CNE, Marlon Ochoa Ochoa, denunció que la autorización mayoritaria aprobada por Hall y López para corregir 7,697 actas de diputaciones y 5,581 de corporaciones municipales implica la posibilidad de abrir bases de datos sin garantías suficientes, lo que “compromete la trazabilidad y la integridad del sistema”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sesiona este sábado para definir el mecanismo del conteo especial en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, a solo tres días de la declaratoria oficial de resultados, prevista para el 30 de diciembre. La sesión se desarrolla en modalidad virtual, con la participación de las tres autoridades electorales.
El consejero de ese ente, Marlon Ochoa, señaló que «persisten 7,901 actas con inconsistencias en el nivel de diputados y 2,413 en corporación municipal, es ilegal hacer una declaratoria sin haber finalizado el escrutinio general que manda el artículo 283 de la Ley Electoral» afirmó y solicitó, además, que el pleno discuta alternativas para definir una salida que según él permita cumplir la ley sin emitir una declaratoria basada en el procesamiento parcial de actas.
En contraposición, desde el inicio del pleno, la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, reconoció que el proceso “ha estado marcado por un ambiente hostil, amenazas, problemas administrativos y falta de acompañamiento institucional”, afirmando que las condiciones operativas dificultaron el avance del escrutinio durante casi un mes.
Hall sostuvo que, pese a las presiones, el CNE emitirá la declaratoria en tiempo y forma, conforme lo exige la Constitución, aunque estas afirmaciones se contradicen teniendo en cuenta el ambiente de inseguridad y demora en el conteo de votos y certificación de actas.
Por su parte, la consejera Cossette López denunció “abandono técnico y limitaciones operativas” en áreas clave del escrutinio, asegurando que parte del personal de representación se limitó a tramitar documentación sin realizar el trabajo de campo necesario, lo que afectó directamente la validación de actas.
Ambas consejeras confirmaron que, durante la noche previa, el CNE corrigió manualmente 4,084 actas electorales en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Según Hall y López, este ajuste habría “mejorado significativamente” el cierre del escrutinio.
En contraste, el consejero Marlon Ochoa afirmó que el procedimiento abre vulnerabilidades. Denunció que la autorización mayoritaria aprobada por Hall y López para corregir 7,697 actas de diputaciones y 5,581 de corporaciones municipales implica la posibilidad de abrir bases de datos sin garantías suficientes, lo que “compromete la trazabilidad y la integridad del sistema”.
Advertencias sobre riesgo de alteración de resultados
Ochoa expuso que, 26 días después de las elecciones, el CNE aún carece de una base consolidada con todos los resultados. Indicó que permanecen pendientes 7,901 actas de diputaciones y 2,413 de nivel municipal, lo cual deja el panorama abierto y dificulta la verificación sobre márgenes estrechos en departamentos clave como Cortés y El Paraíso.
El consejero advirtió que el envío masivo de actas corregidas podría impactar en 3,168 actas previamente validadas, con consecuencias directas en la relación de fuerzas dentro del Congreso y gobiernos municipales. Exigió que la Comisión de Seguimiento del TREP detalle previamente cuáles actas serán modificadas, qué casillas serán ajustadas y bajo qué criterios técnicos se harán los reemplazos.
Ochoa concluyó que “aprobar correcciones sin auditoría previa abre un flanco de controversia jurídica y política”.
Con el plazo legal por agotarse y la declaratoria oficial programada para el 30 de diciembre, la sesión se perfila como una de las más decisivas del proceso post-electoral. Si no hay consenso interno o verificación técnica suficiente, la legitimidad del resultado podría escalar hacia disputas políticas, judicialización y solicitudes de observación internacional adicional.
