Imponen prisión preventiva a dos mujeres por presunto tráfico de adolescentes hacia el Caribe
Por JAVIER PEGUERO
- El tribunal también declaró complejo el proceso y dispuso garantía económica y presentación periódica para una tercera imputada; las autoridades identificaron hasta el momento a tres víctimas de entre 14 y 16 años.
SANTO DOMINGO.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres imputadas por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas Vírgenes Británicas, específicamente Tórtola, y Dominica.
Las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
En tanto, a Yaribel Cristina Esquea el tribunal le impuso una garantía económica de RD$50,000, mediante una compañía aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
El magistrado también declaró el caso de tramitación compleja, una decisión procesal que permite aplicar las disposiciones especiales previstas por la legislación dominicana para investigaciones que reúnen determinadas condiciones de complejidad.
La solicitud de medidas de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto con los representantes del Ministerio Público Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, adscritos a esa dependencia y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
De acuerdo con la instancia depositada por el órgano acusador, hasta el momento han sido identificadas tres víctimas adolescentes, de 14 y 16 años, quienes permanecen bajo cuidado y protección de las autoridades.
La investigación procura establecer las circunstancias en que las menores habrían sido trasladadas o se intentaba trasladarlas fuera del territorio dominicano, así como las responsabilidades individuales de las personas imputadas.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos que pueden involucrar captación, traslado y explotación, según las circunstancias que logren establecer las autoridades.
La prisión preventiva y las demás medidas impuestas son decisiones cautelares adoptadas durante el proceso. La responsabilidad penal de las imputadas deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
