Juicio oral contra exministro cubano de economía iniciará este 11 de noviembre
Por TeleSUR
- El exfuncionario cubano Alejandro Gil Fernández, es acusado de graves delitos contra la Seguridad del Estado y la economía nacional, por lo que la Fiscalía solicitó sanciones privativas de libertad.
LA HABANA.- La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Supremo Popular, informó que fue señalado el acto de juicio oral contra el exministro de economía, Alejandro Miguel Gil Fernández, para este martes 11 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana.
El acusado, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, enfrenta una serie de cargos graves presentados por la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía imputa a Gil Fernández los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial. En todos los casos, se solicitaron sanciones privativas de libertad acordes con la gravedad de los hechos.
Conforme a los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de Seguridad Nacional asistirán al juicio únicamente las partes y las personas autorizadas por el tribunal. Esta medida responde a los protocolos legales vigentes en casos que involucran asuntos sensibles para el Estado.
En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa, garantizando así el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente.
El juicio forma parte de una investigación penal controlada por la Fiscalía General de la República, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución, y llevada a cabo por órganos del Ministerio del Interior.
Tras concluir las acciones investigativas, la Fiscalía ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones ante el tribunal competente.
