Opiniones

Mitos y realidades en el tamaño del Estado dominicano

LECTURAS ACADEMICAS

Por BERNARDO HIRAN SANCHEZ MELO

El tamaño del Estado es uno de los temas ideológicos más controvertidos entre las escuelas del pensamiento
económico. En tanto, se toma, en la actualidad, como elemento de justificación de su reducción los niveles de
eficiencia y desempeño del Gobierno y la existencia de una multiplicidad de entidades con múltiples funciones,
aparentemente algunas duplicadas, en el sector público.

En efecto, la existencia del Estado va desde la concepción marxista que plantea su extinción en una etapa
superior del desarrollo de la humanidad en la cual no existirá la necesidad de instituciones coercitivas una vez
desaparezcan las clases sociales, hasta la concepciones liberales y libertarias de que el Estado debe reducirse a la
función policiaca, defensa y justicia, administrado por un gobierno reducido al mínimo, dejando al mercado la
asignación de los recursos bajo un supuesto de mayor eficiencia atribuida al accionar libre de los agentes
económicos.

Dado los múltiples juicios que tratan de justificar: los unos, la readecuación del sector público dominicano; los
otros, la reducción del sector público Dominicano al estilo Milei, sustentados en la supuesta naturaleza
“ineficiente” del Estado, se requiere de criterios que en términos prácticos y convencionales expliquen la
condición actual del Estado dominicano en lo relativo a su tamaño, funcionalidad, eficiencia y efectividad.
En ese orden, basado en herramientas estadísticas y econométricas convencionales, en lo adelante, hago un
esfuerzo, de aportar el debate.

Veamos:

Es de común aceptación y uso tres indicadores del tamaño del Estado: (1) gasto público respecto al PIB, (2)
Gasto público en la producción de bienes, y (3) gasto público en personal.

Así, el Gasto Público respecto al PIB (GP/PIB) en el país es 18.8%, ligeramente superior a la cifra de 17.6%
promedio de 10 años (2014-2023).

Comparada la cifra local con la cifra promedio de 35.2% correspondiente a 82 países, el Indicador del Gasto/PIB
dominicano de 18.8%, representa el 53.4% del promedio global y apenas el 37.6% de Islandia, país con mejor
Índice de Desarrollo Humano (IDH-21), que muestra un índice GP/PIB de 49.2%.

En ese orden, visualizado en un gráfico de dispersión, todos los países con alto IDH (superior al 0.85) muestran
un GP/PIB promedio de 47.3%, siendo los casos más notables los países con políticas de Estado de Bienestar,
como los Países Bajos, que muestran un índice GP/PIB de 59.0% y un IDH de 0.903. En lo que respecta a la RD
nos encontramos en el cuadrante de IDH de desarrollo medio alto pero con un bajo nivel de gasto público,
respecto a la media y los países de mayor desarrollo.

(En un ejercicio econométrico, con los datos correspondientes a los 82 países analizados, existe una correlación
de un 0.61, con valores significativos de las pruebas paramétricas entre el nivel del gasto público y el Índice de
Desarrollo Humano. Con valores explicativos que muestran un mayor nivel de IDH a mayor nivel del gasto
público.)

En lo que respecta al Gasto Público en Personal, la Remuneraciones respecto al PIB (GPp/PIB) muestran un
promedio en el periodo analizado de 4.50%, siendo en el año de 2023 de 4.46%, en tanto las Remuneraciones
respecto al Gasto Total (GPp/GT) muestra un promedio de 25.71%, y de 23.81% en el 2023. Es decir el Gasto
en Remuneraciones en términos relativos en el 2023 se mantiene por debajo del promedio del periodo 2014-
2024.

En lo que respecta a la cantidad de empleados en el sector público, según cifras tomadas de las estadísticas del
SISALRIL, los servidores públicos totalizan 729,509 personas, de los cuales 383,359 pertenecen a las
instituciones centralizadas y 346,150 pertenecen a las descentralizadas. Estas cifras absolutas, para un buen
economista, realmente ¡no dicen nada¡ Porque los procedimientos del análisis económico mandan a ver las cosas
en términos relativos y no absolutos. De modo, que veamos que hay detrás de estas cifras.

De igual modo, es preciso aclarar y tomar muy en cuenta que, las instituciones del sector público cumplen
funciones de gestión, regulación, entrega de servicios a entidades sectoriales públicas y privadas, servicios al
mismo sector privado, y servicios directos a la población, lo que implica estructuras administrativas de cierto
tamaño y cantidades de recursos humanos suficiente para un cumplimento eficiente de sus respectivas funciones.

Veamos ciertos detalles, tomando la participación de dos instituciones relevantes en sector público y la
municipalidad.

De los 729,509 (SISALRIL) servidores públicos, tan sólo dos sectores fundamentales para el desarrollo y
bienestar de la población: salud y educación totalizan 330,003 personas, es decir el 45.24%% de la nómina
estatal. En detalle el sector educación pública totaliza 229,515 servidores (estadísticas del MINERD), de los
cuales 129,085 (el 56.3%) son docentes y 100,047 (43.7%) prestan servicios en las áreas administrativas y
operativas de las instituciones educativas públicas.

En tanto, el sector salud pública emplea una totalidad de 100,488 personas, de los cuales el 86.6% prestan servicios de manera directa (médicos, enfermeras, personal auxiliar) a la población dominicana en centros de salud.

Un indicador de eficiencia en el sector educación, diseñado a partir de la cantidad de estudiantes por docente,
muestra un promedio de 21estudiantes por docente, y 26 estudiantes por aula, como resultado de una población
estudiantil (de inicial, básica, media y adultos) ascendente a más de dos millones de jóvenes y adultos atendidos
por los 129,085 profesores.

En tanto, se registra un promedio de 11 servidores administrativos y operativos por
cada uno de los 9,059 planteles educativos en operación en el 2023. Y en lo relativo a la función rectora y
regulatoria del sector, el personal administrativo y operativo del Ministerio tiene la responsabilidad de dar
servicios a 2,763 centros educativos privados a nivel nacional, que atienden a más de 500 mil estudiantes.

En la municipalidad se registra (+/-) 100,00 servidores empleados en 158 cabildos y 118 distrito municipales,
para una totalidad 276 entidades locales, lo que representa un 13.7% de los empleados en el sector público. En
suma: dos sectores sociales con funciones regulatorias, operativas y de servicios directos a la población
estudiantil y colegios privados, y la municipalidad con 15 funciones sustantivas y 10 competencias o
atribuciones coordinadas, totalizan, prácticamente, un 60.0% de la nómina pública.

En lo que respecta al sector privado dominicano: es importante resaltar la limitación de las empresas y
corporaciones dominicanas en la capacidad de absorción de la población activa en edad de trabajar. Apenas
emplea el 46.0% de la totalidad de ocupados, con la salvedad de que el 35.5% de los empleados formales se
desempeñan en actividades comerciales, financieras, rentistas, especulativas y otros servicios.

Esto debido a las restricciones de los sectores productivos del país, debido a la baja productividad, bajo niveles salariales bajos, distorsiones del mercado, limitaciones de la demanda agregada interna y externa, ausencia de economía de escala en la producción, e inclusive permanencia en el mercado gracias a las transferencias del Estado en la forma de subsidios, exoneraciones, exenciones y elusiones. A todo lo anterior añadirles el costos social (o precios sombras) a los precios de mercados de los bienes y servicios ofertados por las empresas y corporaciones que operan en condición de monopolios y oligopolios.

De modo que, no debe ser una moda el reduccionismo del Estado en nuestro país, máxime si se toma en
consideración que a lo largo de toda la historia republicana el motor del crecimiento y desarrollo en la República
Dominicana lo ha sido y los es el Estado dominicano.

  • El Autor Ph.D. en Economía.

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