
MP insiste en que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta sean enviados a juicio por corrupción
Por JAVIER PEGUERO
- Pepca apeló los autos de no ha lugar que favorecieron a los exministros y otros tres imputados; la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 11 de enero de 2027 la continuación del conocimiento de los recursos.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público reiteró que cuenta con los elementos probatorios para demostrar ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional que los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben ser enviados a juicio de fondo por las acusaciones de corrupción administrativa que pesan en su contra.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrió los autos de no ha lugar emitidos por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante los cuales fueron favorecidos Castillo, Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, explicó que el órgano acusador compareció preparado para el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones adoptadas durante la audiencia preliminar.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público defenderá sus argumentos ante el tribunal de alzada y procurará que los cinco imputados sean enviados a juicio, al considerar que existen fundamentos para que las acusaciones sean conocidas en un juicio de fondo.
La representante del órgano persecutor ofreció las declaraciones a periodistas al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se encontraba previsto el conocimiento de los recursos.
La próxima audiencia fue fijada para el 11 de enero de 2027, fecha en la que las partes deberán continuar exponiendo sus argumentos sobre las decisiones recurridas.
El proceso se encuentra ahora en una fase de revisión judicial, en la que la Corte deberá examinar los cuestionamientos del Ministerio Público a los autos de no ha lugar y determinar si corresponde mantenerlos o revocarlos.
La pretensión de la Pepca es que se deje sin efecto la decisión favorable a los imputados y se disponga la apertura de un juicio de fondo, escenario en el que las acusaciones y los elementos de prueba serían debatidos contradictoriamente ante un tribunal.




