Presidente Abinader ordena detención inmediata actividades del proyecto minero Romero en San Juan
Por JAVIER PEGUERO
- El mandatario dice que este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad.
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la detención inmediata de toda actividad vinculada al proyecto minero Romero, en esta provincia, en una decisión que se produce en medio de una creciente presión social contra la explotación minera en la zona.
El mandatario afirmó que la medida refleja el compromiso de su gestión con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad popular.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó el jefe de Estado en un mensaje dirigido al país.
Abinader explicó que la decisión se sustenta en lo establecido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que contempla la inviabilidad de proyectos de alto impacto ambiental cuando existe un rechazo masivo de la población.
El gobernante recordó que el proyecto Romero no es reciente, ya que sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010, con renovaciones y estudios técnicos aprobados en 2015 y 2018. Indicó que, durante su administración, la iniciativa se ha mantenido únicamente en fase de evaluación ambiental, sin autorización para su explotación.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, puntualizó.
Presión social y movilización ciudadana
La paralización del proyecto ocurre tras semanas de intensas protestas encabezadas por organizaciones sociales, ambientales y comunitarias agrupadas en el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que ha liderado una firme oposición a la minera canadiense GoldQuest Mining Corp..
Miles de personas se han movilizado en San Juan de la Maguana y otras localidades del sur del país, en defensa de los recursos hídricos, la agricultura y el equilibrio ecológico de la región. Las manifestaciones han incluido marchas multitudinarias, vigilias y concentraciones pacíficas, aunque en algunos casos se han registrado incidentes con las autoridades.
Los grupos opositores al proyecto sostienen que la explotación minera en la zona pondría en riesgo importantes fuentes de agua, así como la producción agrícola del llamado “Granero del Sur”, base económica de miles de familias.
Asimismo, denuncian la supuesta intención de reactivar concesiones sin el debido consenso social, lo que ha generado un amplio debate nacional sobre el modelo de desarrollo y la sostenibilidad ambiental.
Debate abierto
La decisión presidencial abre un compás de espera en torno al futuro del proyecto Romero, mientras distintos sectores reclaman la realización de estudios independientes y procesos de consulta más amplios.
Analistas consideran que el caso de San Juan se ha convertido en un símbolo de la lucha ciudadana contra proyectos extractivos, en un contexto donde crece la demanda de mayor participación social en la toma de decisiones sobre recursos naturales.
Entretanto, las organizaciones comunitarias han reiterado que mantendrán la vigilancia y las movilizaciones hasta lograr la cancelación definitiva de la iniciativa minera en la zona.
