Tribunal impone garantía económica de RD$1 millón a joven acusado de supuesto plan para atentar contra Abinader
Por ARMANDO PASCUAL MADE
- Delvinson de la Cruz Sosa, conocido como «Debisom», también deberá cumplir impedimento de salida del país; el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva por su presunta vinculación con amenazas contra el mandatario.
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, Duarte.– Delvinson de la Cruz Sosa, conocido como «Debisom», habría abandonado llorando la sala de audiencias luego de que un tribunal le impusiera una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida del país, como medidas de coerción dentro del proceso judicial que enfrenta por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader.
La decisión fue adoptada este viernes por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, durante la tercera comparecencia del imputado ante esa jurisdicción para conocer la solicitud de medidas de coerción.
El tribunal dispuso medidas menos gravosas que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, que había requerido tres meses de privación de libertad mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el expediente, De la Cruz Sosa, de 29 años, fue arrestado mediante una orden judicial durante un allanamiento en una residencia del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Las autoridades también realizaron un allanamiento en la Ferretería Molina, establecimiento comercial ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde laboraba el imputado.
Durante los operativos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que, según el Ministerio Público, están siendo examinados como parte de las evidencias relacionadas con la investigación.
La documentación judicial que autorizó los allanamientos hace referencia a la investigación de un supuesto atentado terrorista contra el mandatario, que presuntamente se habría proyectado para el 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional.
Las pesquisas habrían comenzado el 16 de octubre, luego de que organismos de inteligencia recibieran informaciones sobre presuntas amenazas contra el jefe de Estado. En las investigaciones participa también la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El proceso experimentó varios aplazamientos, entre ellos uno provocado por la renuncia del abogado privado del imputado, circunstancia que obligó a remitir el caso a la Defensoría Pública para garantizarle representación legal.
De la Cruz Sosa ha rechazado las imputaciones y sostiene que sus actuaciones estaban relacionadas con la convocatoria a una manifestación pacífica durante la conmemoración de la fecha patria.
El expediente es investigado bajo las disposiciones de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, mientras el Ministerio Público procura establecer las circunstancias del supuesto plan y determinar si existen otras personas involucradas.
La imposición de medidas de coerción no constituye una declaración de culpabilidad. El imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.
