Decreto en México contra contenido digital violento debe acabar con modelo «que monetiza el odio», dice analista
Por Editor de Mundo
- El decreto obligará a las plataformas a detectar y retirar contenidos que inciten a la violencia.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 2 de octubre un decreto para regular los contenidos que inciten directamente a la violencia en las redes sociales, iniciativa que será presentada oficialmente el 9 de octubre, tras el ataque armado protagonizado por dos jóvenes en una secundaria de Torreón, Coahuila.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la disposición establecerá obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que promuevan actos violentos.
El funcionario informó además que el Centro Nacional de Inteligencia reforzará el monitoreo de comunidades digitales para identificar expresiones que puedan constituir amenazas. Aclaró, sin embargo, que consultar un contenido o emitir una opinión en internet no convierte automáticamente a una persona en delincuente.
La estrategia gubernamental pretende establecer una diferencia entre la libertad de expresión, los contenidos considerados de riesgo y las amenazas concretas que ameriten intervención de las autoridades. El propósito declarado es prevenir hechos violentos, especialmente entre menores de edad.
La discusión ocurre en un país donde, según datos citados de UNICEF, millones de niños y adolescentes han estado expuestos a distintas formas de violencia. Organizaciones defensoras de la infancia advierten que las redes sociales reproducen, amplifican y en ocasiones monetizan conductas violentas que ya existen en el entorno social.
Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, sostuvo que “la violencia no surgió en los entornos digitales”, sino que estos espacios reflejan situaciones presentes en la vida cotidiana. Señaló que algunos menores llegan a reproducir en juegos y contenidos digitales escenarios relacionados con la violencia criminal.
El especialista relacionó esta realidad con años de expansión de la violencia delictiva y cuestionó que las regulaciones se concentren únicamente en retirar publicaciones, sin abordar las condiciones sociales que permiten su reproducción.
Pérez identificó además la monetización como uno de los principales problemas. A su juicio, determinadas plataformas convierten en ganancias económicas contenidos asociados con violencia, discursos de odio y desinformación, mientras sus algoritmos pueden favorecer la circulación reiterada de ese material.
El experto también llamó la atención sobre contenidos que promueven misoginia y discursos de odio en comunidades digitales, incluidos determinados espacios conocidos como “incels”, algunos de los cuales han sido vinculados internacionalmente con procesos de radicalización.
En ese sentido, consideró que cualquier regulación debería abordar el modelo de negocios de las grandes plataformas y no limitarse a ordenar el retiro de publicaciones. También propuso incrementar la revisión humana de contenidos denunciados, debido al enorme volumen de material que los sistemas automatizados no consiguen evaluar adecuadamente.
México también ha adoptado otras medidas para reducir la exposición de menores a determinados riesgos digitales, entre ellas restricciones al uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica. El debate forma parte de una discusión internacional sobre la responsabilidad de las plataformas y la protección de niños y adolescentes.
El desafío para las autoridades mexicanas será encontrar un equilibrio entre la prevención de la violencia, la protección de los menores y el respeto a la libertad de expresión. Para los especialistas, combatir el contenido violento exige también enfrentar las causas sociales, la impunidad, el reclutamiento de jóvenes y los incentivos económicos que permiten que el algoritmo convierta la violencia en mercancía.
Fuentes: Diversas
