Ruido, impunidad y sordera oficial
CATALEJO
Por ANULFO MATEO PEREZ
Debo reiterar, que el ruido dejó de ser una simple molestia para convertirse en un problema de salud pública. Sin embargo, en República Dominicana todavía hay quienes confunden libertad con derecho a perturbar al prójimo, mientras las autoridades parecen practicar una preocupante sordera institucional.
Recuerdo que, amantes de la bulla protestaron en la Plaza de la Bandera para exigir «flexibilizar» las medidas contra los ruidos nocivos. El episodio retrata una inversión de valores: se protesta contra la norma destinada a proteger la salud, en vez de reclamar a las autoridades su cumplimiento efectivo.
La Ley 90-19 establece mecanismos para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora. Su artículo 8.1 prohíbe los ruidos nocivos, molestos o perjudiciales y contempla sanciones para los infractores. También alcanza a vehículos cuyos equipos de sonido, bocinas o ausencia de silenciadores produzcan contaminación acústica.
Desde la perspectiva biológica, el daño tampoco es imaginario. La exposición prolongada a sonidos intensos puede lesionar las células sensoriales del oído interno, cuya capacidad de regeneración es prácticamente inexistente. Por eso, la pérdida auditiva inducida por ruido suele ser gradual, silenciosa e irreversible.
La Organización Mundial de la Salud advierte que alrededor de 1,500 millones de personas viven en la actualidad con algún grado de pérdida auditiva y proyecta que para 2050 podrían ser casi 2,500 millones. Una parte importante de este problema está relacionada con exposiciones evitables, entre ellas el ruido recreativo excesivo.
Hay, además, una dimensión social que suele ignorarse. El ruido excesivo afecta especialmente a niños, adultos mayores, personas enfermas y trabajadores sometidos a horarios de descanso. Quien convierte la calle o el vecindario en una discoteca ambulante impone su conducta sobre quienes no la han elegido.
Para comprender el riesgo basta una comparación: una conversación normal ronda los 60 decibeles; el tránsito intenso puede acercarse a 85; un secador de pelo, a 100; y una sirena próxima puede alcanzar unos 120. A mayor intensidad y duración, mayor es el peligro para la audición y para el organismo.
La tolerancia oficial frente a la contaminación sonora también educa mal. Normaliza la agresividad acústica, debilita la convivencia y transmite a las nuevas generaciones que respetar el descanso ajeno es una conducta opcional. Una sociedad civilizada no puede medir sus libertades por la potencia de sus bocinas.
El problema, entonces, no es solamente cuánto ruido soportan nuestros oídos. Es cuánto abuso estamos dispuestos a soportar como sociedad. Porque cuando la autoridad escucha la bulla, pero no escucha al ciudadano, la contaminación sonora deja de ser ruido: se convierte en impunidad.
