Aplazan para el viernes audiencia contra imputado de presunto plan de atentado contra Abinader
Por ARMANDO PASCUAL MADE
- La defensa renunció durante el proceso y el imputado será asistido por la Defensoría Pública; el Ministerio Público investiga el supuesto plan de ataque contra el mandatario durante los actos del Día de la Constitución
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte aplazó para el próximo viernes, a las 4:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por presuntas amenazas y la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader.
La audiencia fue pospuesta luego de que el abogado Gerson Lizardo renunciara a la representación legal del imputado por razones personales, situación que obligó al tribunal a disponer su remisión a la Defensoría Pública para que le sea designado un nuevo representante.
Lizardo explicó que comunicó voluntariamente a los familiares del joven su decisión de desapoderarse del caso, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones de su salida de la defensa.
El proceso judicial tiene su origen en una investigación del Ministerio Público que condujo al arresto de De la Cruz Sosa el martes 3 de noviembre, mediante una orden judicial ejecutada durante un allanamiento a su residencia, ubicada en un apartamento del segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde laboraba el investigado, como parte de las diligencias destinadas a localizar evidencias que pudieran establecer su vinculación con las amenazas denunciadas.
Investigación sobre presunto atentado
De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Ministerio Público, las pesquisas cuentan con el apoyo de organismos de inteligencia y de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que habrían alertado sobre las presuntas intenciones del investigado.
Durante los allanamientos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que permanecen bajo evaluación pericial para determinar su naturaleza y posible vinculación con los hechos investigados.
La solicitud judicial de allanamiento contemplaba la localización de teléfonos celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otro elemento que pudiera aportar evidencias a la investigación. Sin embargo, las informaciones disponibles no confirman que las autoridades hayan ocupado armas de fuego o explosivos.
La autorización de los registros fue emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción, a solicitud de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.
En el documento judicial se hace referencia a una investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente Abinader, que supuestamente habría sido ejecutado el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución, en la sede del Congreso Nacional.
El señalamiento establece que el supuesto ataque habría tenido como escenario uno de los actos institucionales más importantes del calendario constitucional dominicano, por lo que las autoridades procuran establecer el alcance de las amenazas y determinar si existían preparativos concretos para materializarlas.
Ministerio Público solicita prisión preventiva
En el curso del proceso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra De la Cruz Sosa como medida de coerción, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos que se le atribuyen.
La solicitud deberá ser conocida por el tribunal una vez superada la situación procesal provocada por la renuncia del abogado defensor.
La investigación deberá establecer, mediante pruebas sometidas a los procedimientos legales correspondientes, la naturaleza de los materiales ocupados, el contenido de los dispositivos electrónicos y la eventual existencia de una planificación dirigida a atentar contra el jefe del Estado.
El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de prevención, inteligencia y seguridad institucional, así como sobre la responsabilidad de las autoridades de esclarecer amenazas contra las principales instituciones del país, respetando al mismo tiempo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia del imputado.
