Hegseth, acusado en EE.UU. de secuestrar a Maduro en una guerra no declarada contra Venezuela

Por Editor de Mundo

• Los ocho cargos presentados en la Cámara de Representantes cifran en 83 los muertos en Venezuela, atribuyen a Hegseth 243 ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe y también lo acusan de llevar la guerra a Irán sin permiso del Congreso.

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EE. UU. vota este martes si archiva o deja avanzar los cargos que acusan al secretario de Guerra, Pete Hegseth, del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de al menos 83 muertes en Venezuela.

La resolución, que el congresista republicano Thomas Massie presentó el lunes en la Cámara de Representantes para abrir un juicio político contra el jefe del Pentágono, reúne ocho cargos. Los tres primeros se refieren a la guerra contra Irán y el séptimo, a la operación del 3 de enero en Caracas, según el texto oficial que el legislador publicó en su sitio institucional.

«Secuestro de un líder extranjero soberano»

Hegseth dirigió, de acuerdo con el documento, una operación bautizada Absolute Resolve para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores, con fuerzas terrestres, más de 150 aeronaves y drones y apoyo naval. El saldo que consigna el texto incluye al menos 83 muertos venezolano y cubanos, varios de ellos civiles, y siete bajas estadounidenses, un término que en el lenguaje militar de ese país abarca tanto a muertos como a heridos.

Massie sostiene que aquello fue un acto de guerra cometido sin declaración del Congreso, en violación del artículo I de la Constitución, que reserva a los legisladores la facultad de declarar la guerra y de dictar las reglas sobre apresamientos en tierra y mar, una facultad que el Congreso nunca ejerció contra Venezuela. Añade que Estados Unidos entró en hostilidades contra Venezuela sin ninguna autorización que lo ampare, en contra de la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

El argumento antidrogas que invocó Washington tampoco sale indemne del documento, según el cual la operación se ejecutó «bajo el pretexto de aplicar las leyes contra el narcotráfico» y con la intención de afirmar el control estadounidense sobre las reservas petroleras de Venezuela. Como prueba de ese propósito, el texto cita las palabras de Donald Trump sobre dirigir el país tras el secuestro.

Las cifras que Washington tardó en admitir

La cifra de 83 muertos coincide con el balance que dio Caracas en enero, cuando el Gobierno venezolano contabilizó más de 80 fallecidos y 112 heridos, entre ellos 32 combatientes cubanos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisó entonces que 47 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) perdieron la vida, nueve de ellos mujeres.

Diez meses después, un documento presentado ante el Congreso estadounidense da por buena la cifra de víctimas mortales que Caracas puso sobre la mesa.

Sobre esas siete bajas, el Pentágono pasó varios días sin responder preguntas, hasta que admitió que se trataba de militares heridos de bala y de metralla, cinco de los cuales ya habían regresado al servicio. Esas heridas dan cuenta de que las tropas venezolanas y cubanas combatieron en Caracas aquella madrugada.

Un Congreso ignorado una y otra vez

Los reclamos del Legislativo contra Hegseth se acumulan desde abril, cuando un grupo de congresistas demócratas presentó seis cargos para destituirlo, entre ellos el de ocultar al Congreso información sobre bajas civiles en Irán y Venezuela. En junio y julio, la Cámara aprobó resoluciones que ordenaban poner fin a la guerra contra Irán, y ninguna logró una retirada. Massie llevó una primera versión de sus ocho cargos al pleno el 15 de septiembre.

La resolución de esta semana suma el frente del Caribe y el Pacífico oriental, donde el quinto cargo atribuye a Hegseth la muerte de al menos 243 personas en ataques contra embarcaciones, que el texto califica de ejecuciones extrajudiciales. Es la misma acusación de crimen de guerra que otros legisladores formularon hace casi un año.

Desde el Pentágono, en su primera rueda de prensa en seis meses, Hegseth respondió este martes que el proceso es «un espectáculo político» y que las operaciones en Irán, contra los cárteles, contra Maduro y en Yemen fueron legales y se notificaron al Congreso. El documento de un congresista de su propio partido sostiene que se ejecutaron sin la autorización que exige la Constitución.

La votación de esta tarde, prevista para las cinco y media de la tarde, hora de Washington, decidirá sobre una moción de los líderes republicanos para archivar la resolución o enviarla a comisión, y el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, aseguró que la ganarán. El 3 de enero asumirá un Congreso con mayoría demócrata en ambas cámaras, aunque una destitución seguiría requiriendo dos tercios del Senado.

La «acción» que Machado agradeció

Hace menos de dos semanas, en su primera rueda de prensa tras regresar a Venezuela el 25 de octubre, María Corina Machado agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su «acción del 3 de enero», que según ella abrió una «compuerta a la libertad». Desde el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello pidió además «un enorme reconocimiento» a esa acción, «porque no estaríamos aquí hoy».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había advertido meses antes que Machado deberá responder ante Venezuela por haber celebrado la agresión, la misma que el cargo séptimo describe como un secuestro con 83 muertos.

Del 3E al tribunal de Nueva York

El proceso judicial contra Maduro y Flores nació de esa operación militar, y los documentos del propio Gobierno estadounidense trazan el vínculo. El 23 de diciembre de 2025, un gran jurado acusó en secreto a Flores, y ese mismo día la oficina jurídica del Departamento de Justicia firmó el dictamen que avaló la incursión, según consta en el memorando que su defensa presentó ante el tribunal. Once días más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto describió el asalto como una misión para «llevar ante la justicia a dos personas acusadas», realizada a pedido del Departamento de Justicia.

Ese memorando llegó a la Corte Federal de Nueva York el mismo lunes en que Massie presentó sus cargos, y en él la defensa de Flores pide anular el proceso por inmunidad soberana. La jueza Analisa Torres escuchará a las partes el 17 de diciembre, y el juicio está previsto para el 14 de junio de 2027, cuando Maduro y Flores sumarán más de diecisiete meses presos en Brooklyn desde aquella madrugada.