
Condenan a cuatro hombres por estafar al Estado con subsidios sociales en San Juan
Por ARMANDO PASCUAL MADE
- Tribunal impone penas de cinco, siete y diez años de prisión; también ordena indemnizaciones millonarias a favor de la ADESS por fraude al programa «Quédate en Casa» durante la pandemia de COVID-19.
SAN JUAN DE LA MAGUANA.– Un tribunal de esta provincia condenó a cuatro hombres a penas de entre cinco y diez años de prisión, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, que los vinculó a una estructura dedicada a defraudar al Estado mediante la sustracción de fondos destinados a familias vulnerables beneficiarias de programas de asistencia social.
La pena máxima, de diez años de prisión, fue impuesta a Daniel Villegas Aquino (Pocholo), quien además deberá pagar una indemnización de RD$2 millones a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados a siete años de prisión cada uno, al pago de RD$1 millón de indemnización a la ADESS y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.
En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes recibió una condena de cinco años de prisión, además de una indemnización de RD$1 millón y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
Las indemnizaciones establecidas a favor de la ADESS, institución actualmente vinculada a la Dirección de Desarrollo Social Supérate, superan los RD$5 millones, según las disposiciones de la sentencia. El tribunal también ordenó el decomiso en favor del Estado de cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino.
El fraude afectó recursos del programa «Quédate en Casa», implementado por el Gobierno durante la pandemia de COVID-19 para garantizar asistencia económica y alimentaria a hogares de bajos ingresos en todo el territorio nacional.
La investigación, encabezada por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió identificar un mecanismo fraudulento mediante el cual los implicados utilizaban datos personales y códigos de beneficiarios para realizar transacciones irregulares.
De acuerdo con la acusación, las operaciones se ejecutaban mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales, con los cuales sustraían recursos públicos que debían llegar a las familias beneficiarias.
Durante los allanamientos fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo. Estas evidencias, junto con los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sustentaron parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El expediente también establece que el dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas era utilizado para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales, procurando aparentar que los recursos tenían procedencia legítima.
La sentencia constituye una sanción penal y económica contra los responsables de un esquema que comprometió fondos públicos destinados a proteger a familias en condiciones de vulnerabilidad durante una de las etapas más difíciles de la emergencia sanitaria.




