Condenan al abogado Helena Regalado y a dos mujeres por fraude en Costa Dorada
Por JAVIER PEGUERO
- Condenan abogado y dos mujeres por fraude societario vinculado a terrenos de Costa Dorada en Baní
SANTO DOMINGO.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este miércoles al abogado Rafael Olegario Helena Regalado a seis años de prisión y al pago solidario de una indemnización de 100 millones de pesos, tras ser hallado culpable de asociación de malhechores y uso de documentos falsos en un entramado destinado a apropiarse de la empresa Costa Dorada y de extensos terrenos ubicados en Baní, provincia Peravia.
Junto a Helena Regalado también fueron condenadas Ailec Paloma Soto Garabito, sentenciada a cuatro años de prisión, y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, quien deberá cumplir tres años de cárcel.
La decisión fue emitida por las juezas Yissell Soto, presidenta del tribunal, junto a las magistradas Clara Castillo y Yuleika Henríquez.
El Ministerio Público sostuvo durante el juicio que los condenados integraban una estructura criminal dedicada al fraude societario, mediante la falsificación de documentos y transferencias irregulares de acciones para despojar a las familias Mayol y Serrano de aproximadamente seis millones de metros cuadrados de terrenos pertenecientes al proyecto Costa Dorada, en la provincia Peravia.
Según el expediente acusatorio, la red habría utilizado documentos adulterados para simular operaciones comerciales y cambios accionarios dentro de la empresa, llegando incluso a presentar como vendedora de acciones a una persona fallecida. Posteriormente, las acciones eran transferidas a terceros hasta llegar a presuntos beneficiarios finales, entre ellos abogados, contadores y militares.
El tribunal también declaró responsable civilmente a la empresa Global Multibusiness Corporation (GMBC), constituida presuntamente por los condenados para ejecutar las operaciones fraudulentas. La entidad deberá responder por daños y perjuicios causados a las compañías Hilari Mayol S.A.S., Mayol & Co S.R.L., Okra Company Ltd. y Grand Cays Corporation.
Las empresas afectadas estuvieron representadas por el abogado Jorge Antonio López.
De acuerdo con la sentencia, los procesados incurrieron en violaciones a los artículos 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación de documentos y la asociación de malhechores, en perjuicio de Ramón Antonio Rodríguez Román y de los sucesores de José G. Saint Hilaire.
El caso salió a la luz pública en 2013 y durante más de una década ha recorrido distintas fases judiciales, convirtiéndose en uno de los expedientes de fraude inmobiliario y societario más complejos ventilados en los tribunales dominicanos. El proceso involucró investigaciones documentales, litigios corporativos y reclamaciones sobre la titularidad de los terrenos ubicados en la zona turística de Costa Dorada, en Baní.
Las autoridades estiman que las maniobras fraudulentas ocasionaron pérdidas superiores a los 200 millones de pesos, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con posibles participantes y beneficiarios de la estructura delictiva.
