Debate por reducción de fondos a partidos reaviva críticas sobre uso de recursos públicos
SANTO DOMINGO.- La propuesta de reducir los fondos públicos destinados a los partidos políticos continúa generando intensos debates en la República Dominicana, en medio de posiciones encontradas entre sectores oficialistas, opositores y organizaciones de la sociedad civil que cuestionan el elevado financiamiento estatal a las organizaciones partidarias.
Aunque la medida no representa uno de los mayores impactos económicos dentro del paquete de reformas discutidas por el Gobierno, dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) han salido en defensa del esquema actual de distribución de recursos, alegando que los partidos desempeñan un papel clave en la estabilidad democrática y social del país.
El diputado oficialista Ramón Bueno sostuvo este lunes que el financiamiento estatal a los partidos debe mantenerse debido a que esas organizaciones “son responsables en gran medida de la tranquilidad de la sociedad dominicana”. El legislador afirmó además que la estabilidad política que vive el país desde la crisis poselectoral de 1994 ha sido producto de la madurez alcanzada por la clase política.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, economistas y grupos ciudadanos mantienen fuertes críticas al uso de recursos del Estado para sostener estructuras partidarias. Entidades como Participación Ciudadana han planteado en distintas ocasiones la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político y aumentar los mecanismos de fiscalización y transparencia en el uso de esos fondos.
El último informe de la JCE, presentado el pasado primero de mayo, establece que actualmente existen 34 partidos políticos reconocidos, además de movimientos municipales autorizados bajo las disposiciones de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. A esto se suma que en 2023 el organismo electoral recibió 104 solicitudes para el reconocimiento de nuevas organizaciones políticas.
Ese crecimiento ha sido interpretado por sectores críticos como una manifestación de clientelismo político y un posible mecanismo para acceder a recursos estatales. Diversas voces han señalado que muchas de esas agrupaciones no presentan candidaturas competitivas y terminan integrándose a alianzas encabezadas por los partidos tradicionales.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, los partidos mayoritarios reciben este año RD$1,296 millones, mientras que las demás organizaciones se distribuyen RD$194 millones 400 mil y RD$129 millones 600 mil pesos, conforme al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones. No obstante, la JCE informó que ya contempla una reducción presupuestaria para los años no electorales, tal como establece la legislación.
En el Congreso Nacional, legisladores oficialistas han adelantado que cualquier propuesta remitida por el Poder Ejecutivo podría ser modificada durante su discusión. El diputado Ramón Bueno indicó que existe disposición para consensuar cambios entre los congresistas. Mientras tanto, dirigentes opositores como Danilo Díaz y Rafael Castillo calificaron la iniciativa como un intento de debilitar a la oposición política y afectar la operatividad de los partidos de cara a futuros procesos electorales.
Los sectores de izquierda dominicana históricamente han mantenido una posición crítica respecto al elevado financiamiento estatal a los partidos políticos, especialmente cuando consideran que esos recursos terminan beneficiando estructuras tradicionales alejadas de las necesidades sociales de la población.
Dirigentes y organizaciones de izquierda han planteado que el sistema político dominicano se ha convertido en un modelo altamente costoso para el Estado, mientras persisten problemas en áreas esenciales como salud, educación, agua potable, empleo y seguridad social. Desde esa óptica, cuestionan que miles de millones de pesos sean destinados cada año al sostenimiento de organizaciones partidarias.
El dirigente de izquierda Narciso Isa Conde ha criticado en distintas ocasiones el modelo político-electoral dominicano, al que acusa de favorecer el clientelismo, el oportunismo y la dependencia del financiamiento estatal. Aunque no se ha localizado una declaración reciente específica sobre esta nueva discusión presupuestaria, sus posiciones históricas han sido contrarias al uso excesivo de fondos públicos para sostener partidos que, según afirma, terminan funcionando como “maquinarias electorales”.
