Familiares exigen investigar muerte de hombre tras permanecer detenido en PN de San Cristóbal
- Por ARMANDO PASCUAL MADE
- Denuncian que Miguel Antonio Luca Valenzuela permaneció varios días con fiebre bajo custodia sin recibir atención médica; reclaman una investigación independiente para establecer responsabilidades.
SAN CRISTOBAL.– Los familiares de Miguel Antonio Luca Valenzuela solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que falleció el hombre, luego de permanecer varios días detenido en un destacamento de la Policía Nacional en la provincia San Cristóbal.
De acuerdo con la denuncia de sus parientes, Valenzuela fue arrestado el pasado 8 de julio por el capitán José Luis Lorenzo, bajo la presunción de estar vinculado a un verifone presuntamente irregular. Desde entonces permaneció recluido en una celda de la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal.
Los familiares afirmaron que durante su permanencia bajo custodia presentó un cuadro febril durante al menos tres días, pero, según denuncian, no recibió la asistencia médica requerida pese al deterioro progresivo de su estado de salud.
Indicaron que el pasado lunes las autoridades lo entregaron a sus familiares en estado agónico, siendo trasladado de inmediato para recibir atenciones médicas. Sin embargo, falleció poco después debido a las complicaciones de salud que presentaba.
Ante estos hechos, los parientes reclamaron que el Ministerio Público y los organismos competentes realicen una investigación imparcial que permita establecer qué ocurrió durante el tiempo que Valenzuela permaneció bajo custodia policial, determinar si existió negligencia, violación de sus derechos fundamentales o incumplimiento de los protocolos de atención a personas detenidas, y fijar las responsabilidades correspondientes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de reclusión preventiva en destacamentos policiales del país y la obligación de las autoridades de garantizar la integridad física y el acceso oportuno a servicios de salud de las personas privadas de libertad. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han insistido en que el Estado tiene el deber de proteger la vida de quienes permanecen bajo su custodia, independientemente de las investigaciones o acusaciones que enfrenten.
