«Genocidio silencioso»: EE.UU. impone más sanciones a energía, finanzas y minería de Cuba

Por Editor de Mundo

• La nueva ronda de sanciones sigue la lógica de asfixiar la economía, las transacciones financieras y el pueblo de Cuba, que denunció el uso de mentiras para «justificar una agresión cruel (…) que no admite excusa política o moral».

WASHINGTON.- Continuando una oleada que supera las 10 rondas de medidas coercitivas unilaterales en lo que va de 2026, la Administración de Donald Trump ha emitido este jueves otro paquete de sanciones enfilado contra los sectores de la energía, las finanzas y la minería en Cuba, que ya han sido blanco de medidas anteriores de Washington este año.

Al intentar justificar la nueva adición a la política de presión extrema, que ya ha sido condenada como «genocidio silencioso», incluso en Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio dijo en una declaración de prensa que el Gobierno de La Habana «continúa representando una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de nuestro hemisferio».

La categorización de Cuba como «amenaza» ha sido el pilar de la ofensiva de Trump iniciada en enero con la firma de la orden ejecutiva que forzaba un bloqueo petrolero internacional a la isla, y reforzada con la emitida el 1 de mayo, que establecía sanciones contra entidades cubanas y amenazaba con medidas similares a personas o entidades extranjeras que se relacionen económica o comercialmente con el país caribeño.

La ronda de sanciones divulgada este jueves incluye a un nieto del general del General de Ejército Raúl Castro, al Banco Exterior de Cuba, la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour (Nicarotec, servicios industriales y técnicos al sector del níquel) y Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (Cexni, entidad de comercio exterior y logística que importa y suministra materias primas especializadas, maquinaria y equipos para la industria del níquel y el cobalto).

La lista de nuevos sancionados se completa con la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet, subsidiaria de Cuba Petróleo, Cupet, que intervierne en licitaciones e importa equipos tecnológicos, piezas, herramientas especializadas e insumos industriales para el sector energético de cuba) y Comercial Cupet SA (que representa a Cupet en negociaciones y empresas conjuntas con entidades extranjeras).

Las sanciones van especialmente dirigidas a seguir golpeando la capacidad de Cuba de desarrollar el comercio exterior y transacciones internacionales —ya afectada por la inclusión arbitraria de la isla en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo) y por anteriores sanciones—, y gestionar los sectores energético y minero, que sufren el peso del bloqueo petrolero y medidas coercitivas impuestas en los últimos meses.

Cuba: reformas contra ofensiva de destrucción desde EE.UU.

En una reacción a las nuevas medidas de Washington, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al Gobierno de Trump de buscar una crisis humanitaria en la isla, recordó que el castigo colectivo es un crimen bajo el derecho internacional y afirmó que «el secretario de Estado de EEUU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende».

«Es su manera y la de su Gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral», dijo Rodríguez y reclamó: «Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz, con sus propios esfuerzos y el concurso unido de su noble y bravo pueblo».

En medio de la andanada sancionadora de Trump, Cuba aprobó en junio un paquete de más de 170 reformas para impulsar la economía frente a la guerra de EE.UU. A finales de agosto, contaban con sustento jurídico más del 75% de las medidas, que abarcan la descentralización a nivel municipal de una serie de competencias y nuevas aperturas en los ámbitos económico, empresarial, comercial, agrícola, bancario y hotelero, entre otros.

En lo que va de septiembre, nuevas normas jurídicas han entrado en vigor para ampliar la participación privada nacional en el turismo (agencias de viajes, transporte), incentivos para el ecoturismo e inversión extranjera en zonas de conservación y de valor patrimonial.

Un decreto ley publicado el miércoles da luz verde a la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores, con lo que se amplía el marco existente de mipymes (micros, pequeñas y medianas), nacidas en 2021.

Esas empresas, que deben tener responsabilidad social, cuentan con autonomía para fijar precios, definir salarios, importar y exportar directamente y asociarse con capital extranjero. En cuanto a la propiedad, puede residir en cubanos (residentes en la isla o en el extranjero) y en extranjeros residentes.

Otras normativas emitidas en los primeros días de septiembre extienden el marco legal para guarderías y escuelas de idiomas privadas, el sector inmobiliario, la apertura y manejo de cuentas bancarias en el exterior sin autorización del Banco Central, la contratación de empleados en empresas extranjeras y los derechos sobre tierras y propiedad.

Días atrás, también fue autorizada la posibilidad de establecer cadenas comerciales. Todos esos cambios tienen ahora garantías legales internas, pero deberán afrontar el peso de las medidas y presiones de EE.UU., que generan sobrecostos en la logística y encarecen, o dificultan, las operaciones.

Bajo una guerra económica, Cuba aprueba y pone en vigor reformas para descentralizar e impulsar la economía, dar mayor participación a sector privado nacional, a inversores extranjeros y a cubanos residentes en el extranjero, además de favorecer asociaciones entre privados y capital extranjero y sector público y privado. Estados Unidos continúa la producción masiva e indiscriminada de sanciones sin que importen alertas sobre crisis humanitaria, informes sobre mortalidad infantil o sufrimiento documentado de una población entera.

Lo visto hasta ahora vuelve a demostrar que la política de EE.UU. hacia Cuba no busca «cambios», sino cambio de régimen y alineación automática. La guerra económica se suma a la guerra psicológica, las amenazas de intervención militar y la campaña para naturalizar y sembrar como inevitable la noción de una invasión al país caribeño.

En entrevista con Axios, el viernes 7 de agosto, el secretario de Estado dijo que Cuba no tiene escapatoria y que la actual situación de asedio no desaparecerá en los próximos dos años y medio, lo que resta del mandato de Donald Trump.

«Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos», afirmó el alto funcionario estadounidense de origen cubano que hoy dirige.

Cuba: la guerra de Rubio y Trump y el «genocidio silencioso»

Hace menos de dos semanas, la Administración Trump había emitido su décima ronda de sanciones contra Cuba en lo que va de 2026, dirigida contra sectores como la minería, el comercio exterior, la construcción y la metalúrgica, y que incluyó a empresas, personas naturales y una institución de la sociedad civil.

En esa ocasión, la lista de sancionados abarcaba directivos del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP), el Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

Además, fueron «sancionados» la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia empleadora.

Al presentar ese paquete de medidas coercitivas, el Departamento de Estado dijo el 20 de agosto que impulsaba la iniciativa integral de la Administración Trump para poner fin a las «actividades malignas» de Cuba «en todo nuestro hemisferio». Intentando justificar las sanciones contra el ICAP, Rubio recurrió al mismo argumento que generó críticas de congresistas al presentar en julio el informe «Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI». Según el extremista al frente del Departamento de Estado, Cuba «ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos».

Hasta el momento, Rubio, Trump u otros miembros del gabinete estadounidense no han incluido en esos documentos, más allá de sus afirmaciones, evidencias de la implicación de Cuba en el terrorismo o que sustenten cómo puede amenazar o amenaza a Estados Unidos la isla de nueve millones de habitantes sometida a una grave crisis económica y humanitaria por el propio Gobierno de EE.UU.

La escalada sancionadora de EE.UU. ha tomado fuerza particularmente desde que Trump firmara el 1 de mayo la orden ejecutiva 14404, que ratifica que el bloqueo no es un tema bilateral al ampliar su carácter extraterritorial y su internacionalización, pues fuerza a terceros países, a sus empresas y ciudadanos, bajo amenaza de sanciones, a cortar relaciones comerciales y de negocios con Cuba.

«Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo», advirtió el secretario de Estado en agosto.

Los 11 paquetes sucesivos de sanciones emitidos por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro (por vía de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC) en varias fechas de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, han apuntado contra los sectores de la cooperación médica y la salud, el turismo, la energía, puertos, finanzas y remesas, minería, metalurgia, construcción e importaciones.

En las listas de sancionados han ingresado el Ministerio de Turismo; las empresas Enetec, SA, Coreydan SA y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que gestionan operaciones de importación, exportación, comercio de combustibles y servicios internacionales; empresas de transporte y carga marítimos, importadoras; la Terminal de Contenedores del Puerto del Mariel, el Centro de Investigación del Petróleo (Ceinpet) y la empresa de remesas Orbit SA, dedicada a remesas.

Además, proveedores de combustible; la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y la empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA —instancias del Ministerio de Salud que coordinan los compromisos en el área de la colaboración sanitaria internacional, cuya recaudación se destina al sistema de salud pública—, y Moa Nickel SA, otra entidad del sector minero.

A partir de la orden ejecutiva del 1 de mayo, que entró en vigor semanas después, empresas como la canadiense Sherritt International y las españolas Meliá e Iberostar han cerrado parcial o totalmente operaciones en Cuba. Decenas de bancos internacionales han cancelado relaciones con la isla.

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos a la isla porque ha caído el turismo (según cifras citadas por CNN, el turismo cayó 62% de enero a julio bajo «la presión de EE.UU. y el bloqueo energético») y porque el bloqueo petrolero impide que Cuba tenga el combustible para el repostaje de las aeronaves.
Cuba ha recibido solo un gran barco petrolero en 2026: el ruso Anatoly Kolodkin, con 100.000 toneladas, en marzo. El déficit severo de combustible ha golpeado el sector eléctrico, generado apagones diarios y unos 10 colapsos (parciales y totales) del SEN.

Se han resentido áreas críticas como el transporte, la producción, la educación, los alimentos y la salud: miles de cubanos están en listas de espera para cirugía, la mortalidad infantil y la mortalidad de niños con cáncer han aumentado. No hay cifras oficiales de cuántos cubanos han muerto por falta de medicamentos, no acceso a tratamientos o cirugías y la falta de energía en el sector hospitalario.

En junio, el Banco Central de Cuba (BCC) informó que el país caribeño no podrá efectuar transacciones con tarjetas Visa y Mastercard, luego de que el banco extranjero que procesaba esas operaciones cesara su relación con la empresa nacional Fincimex SA a raíz de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Administración Trump.

A la par, navieras como Hapag Lloyd y CMA CGM suspendieron fletes a Cuba por temor a las sanciones de EE.UU. y miles de contenedores destinados a la isla, muchos con medicamentos e insumos hospitalarios, están varados en puertos extranjeros.

En julio pasado, cuatro congresistas demócratas emplearon la frase «Gaza silenciosa» para resumir lo que está provocando la política estadounidense de castigo colectivo en Cuba. La misma terminología fue empleada por expertos de la ONU a inicios de agosto.

En una declaración en la que denuncian el «intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción», los expertos en derechos humanos advirtieron que la comunidad internacional y la sociedad civil deben actuar con rapidez para evitar que Cuba no se convierta en una «Gaza silenciosa».

Tras describir la situación en Cuba y el colapso de servicios debido a la abierta guerra económica de EE.UU., que ha sido denunciada como genocida, los expertos de la ONU subrayaron que «el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales».

Fuente: TeleSUR