Organizaciones afirman Gobierno no debe castigar pueblos por conflicto binacional
Por SALVADOR E. BATISTA VALENZUELA
SANTO DOMINGO.- Un grupo de organizaciones sociales y políticas manifestaron lo que en el marco del conflicto entre los gobiernos de República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego en el Río Masacre o Dajabón, el gobierno encabezado por Luis Abinader no sólo ha militarizado y cerrado la frontera, sino que ha generado una gran devastación económica en la zona fronteriza de ambos países.
Asimismo, entienden que esas medidas han desatado una gran violencia contra las comunidades trabajadoras inmigrantes haitianas y que de igual forma la violencia afecta a las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Consideran, «como parte de esa ofensiva de detenciones masivas y arbitrarias, incluyendo allanamientos ilegales de viviendas sin orden judicial o acompañamiento del Ministerio Público, el gobierno ha atacado a comunidades de El Seibo y otras provincias del país».
Las organizaciones firmantes del documento son el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Colectivo #HaitianosRD, Coordinadora Popular Nacional, CUDEM, Movimiento Caamañista, MUDHA, Movimiento Reconocido, Junta de Prietas, La Ceiba y Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó.
Estas entidades, políticas y sociales entienden que en estos ataques de las últimas semanas han sido detenidas miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, personas haitianas con o sin documentación migratoria vigente, y personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida.
Expresaron que esta cacería humana se realiza en toda la geografía nacional, todos los días y a toda hora, violando la Constitución, la Ley de Migración 285-04, el protocolo binacional de repatriaciones y los pactos de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano.
«Estas detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales no solo los ejecutan agentes de la DGM sin identificación, también los realizan policías y militares, sometiendo a personas negras en las calles o en sus casas en base a un perfilamiento racial», añaden en un documento para la prensa.
Insisten, que agentes migratorios, policías y militares no están familiarizados con las leyes y suelen incurrir en la extorsión, el robo y la destrucción de bienes, así como en frecuentes violaciones de los derechos humanos. Ha habido casos documentados de torturas, abusos sexuales y asesinatos por parte de los agentes represivos en las operaciones de detención y expulsión masiva, sin que lamentablemente la Procuraduría General de la República emprenda acciones contra la DGM para poner freno a sus violaciones a las leyes.
«Exigimos que se aparte a policías y militares de las tareas de interdicción migratoria para las cuales no tienen la más mínima preparación, y que los agentes de la DGM respeten las leyes y pactos binacionales en materia migratoria. Esto incluye que cese el uso de cuarteles policiales y militares como cárceles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana», precisa el comunicado.
Las organizaciones citadas rechazan que el gobierno de Luis Abinader «castigue a la población civil, tanto haitiana como dominicana, sobre todo habitantes, trabajadores y comerciantes de las zonas fronterizas, como represalia por la construcción de un canal de riego agrícola en Haití, mediante operativos en los que se ultraja a miles de personas y se les somete a un trato cruel y degradante»
Tipifican que este tipo de castigos colectivos, que atribuyen al gobierno, es además de violar las leyes dominicanas y la Constitución, son violatorios del derecho internacional humanitario.
«Lo que corresponde es que el gobierno dominicano abandone el camino de la incitación al odio racial y la venganza represiva, que retome el camino del diálogo y utilice los mecanismos previstos en el tratado binacional de 1929, como el arbitraje internacional, para garantizar un uso compartido y justo de las aguas de un río binacional, en vez de criminalizar y reprimir a poblaciones enteras, como las personas dominicanas negras, personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, puntualizan.