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Justiniano Montero anuncia reforma judicial para combatir corrupción, sobornos y mora en los tribunales

Por JAVIER PEGUERO

  • El presidente de la Suprema Corte de Justicia impulsará un plan de 100 días que incluye tribunales móviles en las cárceles, reducción de la prisión preventiva, inteligencia artificial y mejores condiciones laborales para jueces y servidores judiciales.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Justiniano Montero Montero, presentó un programa de transformación del sistema judicial dominicano que procurará combatir la corrupción, el soborno, reducir la mora judicial y disminuir la cantidad de personas que permanecen en prisión preventiva.

La iniciativa, denominada «La nueva Era de la Justicia», establece una hoja de ruta para los primeros 100 días de su gestión y procura fortalecer la integridad institucional, la participación ciudadana, la eficiencia de los tribunales y las capacidades administrativas y humanas del Poder Judicial.

Montero explicó que la reforma también contempla mejorar las condiciones de trabajo de jueces y servidores administrativos, modernizar los servicios judiciales e incorporar herramientas de inteligencia artificial, bajo garantías de respeto a los derechos fundamentales de los usuarios.

Uno de los componentes centrales será la instalación de tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento, para facilitar el conocimiento de los expedientes, evitar aplazamientos de audiencias y acelerar los procesos de personas privadas de libertad.

El proyecto se desarrollaría inicialmente en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís, identificados entre los que registran mayores niveles de mora judicial.

La propuesta contempla una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, incluyendo facilidades para el traslado de jueces, personal judicial, víctimas y testigos cuando sea necesario.

El problema de la prisión preventiva constituye uno de los principales desafíos del sistema penitenciario dominicano. Datos publicados por el Poder Judicial, con referencia a las estadísticas penitenciarias de 2025, indican que cerca del 60 % de las personas privadas de libertad permanecían bajo esa condición, lo que evidencia la necesidad de agilizar los procesos y fortalecer la aplicación de medidas alternativas cuando legalmente correspondan.

Combate a la corrupción y modernización

En materia de transparencia, Montero anunció una política institucional antisoborno, acompañada de mecanismos de prevención, orientación y denuncia, así como de estructuras regionales destinadas a fomentar una cultura de integridad en todos los niveles del Poder Judicial.

Para fortalecer esta iniciativa, informó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contribuirá con experiencias y buenas prácticas internacionales en materia de integridad institucional y prevención de la corrupción.

El programa también contempla ampliar la transformación digital, unificar las plataformas tecnológicas utilizadas para fijar audiencias y realizar notificaciones, e incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la administración de justicia, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En ese contexto, el magistrado ha planteado la necesidad de impulsar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que actualice la estructura normativa de la institución, incluyendo aspectos relacionados con la carrera judicial, las atribuciones del Consejo del Poder Judicial y la organización de los tribunales, cuya regulación vigente conserva disposiciones de antigua data.

Otra de las propuestas consiste en promover acuerdos y conciliaciones para resolver determinados conflictos de menor gravedad, evitando que situaciones que admitan soluciones alternativas terminen necesariamente en procesos penales y sanciones desproporcionadas.

Coordinación institucional

Para ejecutar la reforma, Montero anunció que promoverá encuentros con representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, con el propósito de articular esfuerzos y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la administración de justicia.

Asimismo, la nueva gestión fortalecerá los espacios de participación ciudadana, para conocer las necesidades de las comunidades y recibir propuestas que contribuyan a mejorar los servicios judiciales.

El magistrado informó, además, que designó una comisión de seguimiento integrada por dos funcionarios y un consejero, encargada de supervisar el cumplimiento de las iniciativas y presentar informes sobre los avances alcanzados.

Montero asumió la presidencia de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial el martes 10 de noviembre, luego de ser escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura, en sustitución de Luis Henry Molina. Su gestión corresponde al período 2026-2032.

La nueva administración tendrá el desafío de convertir estos compromisos en resultados concretos, especialmente en la reducción de la mora judicial, la transparencia institucional y la garantía de que el acceso a la justicia no dependa de la capacidad económica de los ciudadanos.

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