Gobierno defiende acuerdo con EE.UU. sobre deportados
Por JAVIER PEGUERO
- Sectores de izquierda y otros opositores expresan rechazo
SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano defendió este miércoles el memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos para recibir temporalmente a nacionales de terceros países deportados desde territorio estadounidense, asegurando que el acuerdo no compromete la soberanía nacional ni convierte a República Dominicana en un “tercer país seguro”.
Durante una rueda de prensa, el canciller Roberto Álvarez explicó que el convenio, firmado en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”, corresponde al esquema denominado Third Country National Agreement (TCNA), y precisó que se trata únicamente de un mecanismo de tránsito temporal y controlado para personas que no han ingresado al sistema migratorio estadounidense ni solicitado asilo en ese país.
El funcionario insistió en que el memorando no incluye ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados ni personas con antecedentes penales, y aclaró que los extranjeros permanecerán en territorio dominicano solo por pocos días antes de ser retornados a sus países de origen con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Álvarez afirmó que el acuerdo “no es jurídicamente vinculante” y puede ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento. Asimismo, sostuvo que ninguna persona ingresará al país sin autorización de las autoridades dominicanas.
El canciller diferenció el TCNA de los acuerdos de “tercer país seguro” y del programa “Remain in México”, mecanismos que implicaban la permanencia prolongada de migrantes mientras se conocían procesos de asilo en tribunales estadounidenses.
El Gobierno defendió además la cooperación estratégica con Estados Unidos, señalando que Washington ha respaldado iniciativas dominicanas vinculadas a la crisis haitiana, especialmente el impulso a la misión internacional de seguridad en Haití aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Entre los beneficios de la relación bilateral, las autoridades citaron la inclusión de República Dominicana en el programa Global Entry, el flujo de residencias permanentes para dominicanos en Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el acuerdo ha generado fuertes cuestionamientos en sectores políticos, sociales y de izquierda del país.
Diversas voces opositoras consideran que el memorando representa una concesión excesiva ante las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y advierten posibles implicaciones para la soberanía nacional y la estabilidad migratoria dominicana.
Entre quienes han expresado preocupación figura el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, quien, junto a otros activistas y analistas vinculados a movimientos progresistas y nacional-populares, ha cuestionado el alineamiento del Gobierno dominicano con las estrategias migratorias y geopolíticas de Washington.
Sectores de izquierda han advertido que, aunque el Gobierno insiste en el carácter temporal del acuerdo, la medida podría abrir precedentes para una mayor injerencia estadounidense en asuntos migratorios y de seguridad regional. También sostienen que República Dominicana corre el riesgo de verse involucrada en políticas de deportación masiva impulsadas por la administración Trump.
En medios políticos y redes sociales también se han producido reacciones encontradas. Mientras algunos consideran que el convenio fortalece la cooperación bilateral y la posición estratégica dominicana frente a la crisis haitiana, otros entienden que el país asume cargas migratorias que corresponden directamente a Estados Unidos.
El exembajador dominicano en Washington, Bernardo Vega, calificó el acuerdo como una “mala noticia” y sugirió que evidencia presiones estadounidenses sobre República Dominicana. En tanto, dirigentes de la Fuerza del Pueblo y otros sectores opositores han reclamado mayor transparencia sobre el alcance real del memorando.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el mecanismo será aplicado “caso por caso”, con financiamiento total de Estados Unidos y sin alterar la política migratoria dominicana vigente.
