Juez impone garantía de RD$500 mil a “La Tora” y le prohíbe salir del país
Por JAVIER PEGUERO
- Claudia Pérez deberá presentarse mensualmente ante el Ministerio Público mientras continúa el proceso por la querella de difamación e injuria presentada por la periodista Iluminada Muñoz
SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este jueves medidas de coerción contra la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, en el proceso judicial que se le sigue a raíz de una querella presentada por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.
El juez Deiby Timoteo Peguero estableció una garantía económica de RD$500,000 en efectivo, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público los días 30 de cada mes. Las medidas están contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La decisión se produjo luego de que el tribunal levantara el estado de rebeldía que pesaba sobre Pérez, quien había sido declarada en esa condición por su incomparecencia a actuaciones judiciales relacionadas con el proceso. Este jueves, horas después de hacerse pública una orden de arresto, la comunicadora acudió voluntariamente al tribunal.
Durante la audiencia, Pérez sostuvo que no había desatendido deliberadamente el proceso y afirmó que en ocasiones anteriores no recibió correctamente las notificaciones judiciales. También manifestó que el conflicto con Muñoz se remonta aproximadamente a una década y sostuvo que ha sido ella quien ha resultado perjudicada por las acusaciones formuladas en su contra.
De acuerdo con la representación legal de Muñoz, sin embargo, Pérez habría sido citada en reiteradas ocasiones y no habría comparecido ante las autoridades. La parte querellante sostiene que las expresiones atribuidas a “La Tora” afectaron la reputación de la periodista y que el proceso ha tenido dificultades para avanzar debido a las ausencias de la imputada.
El proceso contra Pérez se produce, además, en un contexto en el que la comunicadora ya ha enfrentado otros conflictos judiciales por expresiones difundidas a través de medios de comunicación y plataformas digitales. En junio de 2026, la Octava Sala Penal del Distrito Nacional la condenó a un año de prisión y al pago de RD$5 millones de indemnización por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya de la Cruz, conocido como “Gory”.
En aquel proceso, la controversia giró también alrededor de los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad derivada de las afirmaciones difundidas públicamente. La sentencia provocó reacciones de sectores que consideraron que la decisión podía tener implicaciones para el ejercicio de la comunicación y la crítica pública.
En el caso actualmente abierto por la querella de Muñoz, la imposición de medidas de coerción no constituye una sentencia de culpabilidad, sino mecanismos destinados a garantizar que Pérez permanezca vinculada al proceso judicial. La comunicadora deberá cumplir las condiciones establecidas por el tribunal mientras avanza la causa.
El juez Peguero fijó para el próximo 10 de septiembre la lectura íntegra de la decisión, momento en que serán conocidos en detalle los fundamentos jurídicos utilizados por el tribunal para imponer las medidas.
