Ministerio Público espera fallo sobre medida de coerción en caso Operación Onco14
Por JAVIER PEGUERO
- El Ministerio Público pide prisión para dos de las personas imputadas y arresto domiciliario para la otra.
SANTIAGO.- El Ministerio Público espera que el próximo lunes la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago emita su decisión sobre la solicitud de medidas de coerción contra los principales imputados de la denominada Operación Onco14, acusados de integrar una estructura que habría defraudado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), en perjuicio de pacientes con cáncer y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Tras concluir este jueves las fases de réplica y contrarréplica, el órgano persecutor reiteró su petición de 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y exmiembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán. Asimismo, solicitó arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y antigua vicepresidenta y auditora del patronato.
La audiencia fue encabezada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, quien ha conocido tres jornadas del proceso. El Ministerio Público estuvo representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu; además de los fiscales Joanna García y Elvin Ventura, integrantes del equipo investigador.
En su instancia, el órgano acusador también solicita que el expediente sea declarado de tramitación compleja, alegando la cantidad de imputados, la gravedad de los hechos investigados y las elevadas sanciones que podrían imponerse en un eventual juicio de fondo.
Según la investigación, la estructura implementó un esquema de fraude clínico y administrativo que incluyó la alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación al SeNaSa, entrega incompleta de medicamentos y otras prácticas destinadas a obtener beneficios económicos ilícitos.
El expediente también atribuye a los imputados la venta de medicamentos recibidos como donaciones, contrabando aprovechando exenciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones del centro oncológico para realizar cirugías estéticas, reembolsos irregulares por viajes y hoteles, sabotaje digital, sustracción de archivos electrónicos y presuntas operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados utilizaron las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para desviar recursos económicos. Además, sostiene que cobraban al SeNaSa por medicamentos y servicios que nunca fueron suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao y que se autoasignaban salarios, viáticos y otros beneficios improcedentes.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, documentos, computadoras, teléfonos celulares, equipos de almacenamiento digital y un título de propiedad, entre otras evidencias.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos. La jueza Santiago Reyes aplazó la audiencia hasta el próximo lunes 29 de junio, a las 7:30 de la noche, cuando se espera que dicte la resolución sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
