
Operación Rompeolas habría infiltrado Inteligencia Naval de la Armada para traficar cocaína hacia Puerto Rico
Por JAVIER PEGUERO
- Expediente de la DNCD y la DTCN señala a un antiguo integrante de la División M-2 como colaborador de la estructura criminal encabezada por los hermanos Fausto y Yovani Candelario Ortiz, mediante suministro de información, asesoramiento y protección logística.
SANTO DOMINGO.– La estructura criminal investigada mediante la denominada Operación Rompeolas habría establecido un esquema de protección basado en el soborno de autoridades militares y policiales, con el propósito de facilitar sus operaciones de narcotráfico y garantizar el envío de cargamentos de cocaína desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico.
De acuerdo con el expediente de investigación elaborado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Dirección Transnacional Contra el Narcotráfico (DTCN), la organización habría conseguido infiltrar la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada de República Dominicana (ARD), aprovechando información privilegiada y contactos dentro de esa institución.
La red era encabezada, según los investigadores, por Fausto Candelario Ortiz, alias «Pacha», y su hermano Yovani Candelario Ortiz, conocido como «Pachasito», «Caco», «El Hombre» y/o «Franklin», quienes habrían distribuido las responsabilidades de dirección y ejecución de las operaciones ilícitas.
Uno de los señalados en el expediente es Andis Terrero, antiguo integrante de la Armada y vinculado a la División de Inteligencia Naval M-2. Los investigadores le atribuyen haber suministrado información, asesoramiento y protección a los responsables de coordinar las salidas de embarcaciones cargadas de sustancias narcóticas.
El documento sostiene que Terrero utilizaba su posición para favorecer a la organización, suministrando orientaciones sobre los movimientos de las autoridades y contribuyendo a reducir los riesgos de interceptación de las embarcaciones utilizadas en el tráfico internacional de drogas.
Las investigaciones también hacen referencia a comunicaciones telefónicas interceptadas, entre ellas una conversación del 14 de marzo de 2022, en la que un individuo que se identificó como integrante de Inteligencia Naval informó a Yovani Candelario sobre la utilización de un nuevo número telefónico, identificado como «maquito», para evitar posibles rastreos.
Una estructura con logística marítima
La organización operaba principalmente en la región Este, utilizando puntos costeros de Bayahíbe, Boca de Chavón y Miches para recibir, almacenar y transportar los cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica.
Según la investigación, las sustancias eran trasladadas hacia fincas, galleras y otros centros de acopio, principalmente en Miches, desde donde se organizaba su movilización hasta las playas para embarcarlas en lanchas rápidas con destino a Puerto Rico.
Para garantizar las operaciones, la estructura reclutaba residentes de comunidades costeras, algunos de escasos recursos económicos y personas de edad avanzada, quienes realizaban labores de vigilancia conocidas como «vaqueo», alertando sobre la presencia de autoridades y movimientos sospechosos.
El expediente describe, además, el empleo de caballos para transportar los narcóticos desde los centros de almacenamiento hasta el litoral, donde posteriormente eran colocados en las embarcaciones.
Alcance de la investigación
La solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público atribuye a esta organización una extensa estructura de narcotráfico y lavado de activos, con ramificaciones en varias provincias dominicanas y conexiones internacionales.
Las autoridades reportaron la intervención de bienes y activos valorados en aproximadamente RD$3,112.6 millones, mientras que los investigadores identificaron propiedades inmobiliarias, vehículos, empresas y otros recursos presuntamente utilizados para introducir al sistema económico formal los beneficios del narcotráfico.
El operativo movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, con intervenciones en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
La investigación coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de control interno de los organismos de seguridad, particularmente cuando funcionarios encargados de combatir el narcotráfico son señalados de proporcionar protección e información a estructuras criminales.
El caso Rompeolas no solamente busca establecer las responsabilidades individuales de los imputados, sino también determinar cómo una organización dedicada al tráfico internacional de drogas habría conseguido aprovechar contactos dentro de instituciones militares para desarrollar sus operaciones durante años.




