
Organizaciones repudian campaña de deportaciones masivas y el decreto 668-22 del Poder Ejecutivo
Por SALVADOR E. BATISTA VALENZUELA
SANTO DOMINGO.- Decenas de organizaciones afirmaron este lunes que «el presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana».
Señalaron que el presidente dominicano ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido «el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas».
Y agregaron que se está ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.
Entre las organizaciones que firman el comunicado están Movimiento Reconocido, Coordinadora Popular Nacional, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Movimiento Caamañista, Izquierda Revolucionaria, HaitianosRD, Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), Agenda Solidaridad, Red Urbano Popular y Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP).
También rubrican el documento la Unión Democrática de Mujeres (UDEMU), Militancia Revolucionaria Socialista, Educación Espejo, Acción Afro-Dominicana, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba RD, Foro Feminista Magaly Pineda, Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Fundación Código Humano y Junta de Prietas.
«Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos», indica el documento.
Informaron que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria.
Y agregaron que el Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.
Antes de ello, incluso el 28 de octubre el gobierno estadounidense aliado al gobierno de Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, solicitó tomar medidas contra la trata de personas y específicamente recomendó proteger de la trata a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, continúa el comunicado.
Precisaron que está ampliamente documentada la participación de agentes militares y policiales dominicanos en el negocio del tráfico de personas. El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”.
Señalaron que el presidente Luis Abinader respondió desde el Palacio Nacional que consideraba la declaración del representante de la ONU como “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con no sólo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo.
Insistieron que contradictoriamente, el mandatario dijo que el Estado dominicano “ha sido mucho más solidario que todos los países del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los inmigrantes haitianos son una carga económica. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio.
Significaron que, subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
las organizaciones indicaron qu tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas.
«Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití. Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano ha realizado más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales», dice el comunicado.
Añadieron que el gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios.
Asimismo, acusaron a la Dirección General de Migración (DGM) de violar la Constitución, que establece que los agentes que realizan cualquier detención deben identificarse. También son comunes los allanamientos de viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos los protocolos binacionales en materia migratoria, con la expulsión de personas por puntos fronterizos no oficiales, en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones.
Explicaron que a todo esto se suma la extorsión cotidiana que sufren las personas inmigrantes y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes policiales y migratorios, la detención en centros insalubres, el hacinamiento en los autobuses de la DGM, y el robo de teléfonos celulares y otros bienes. En algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos, aunque el documento no especifica los casos.
Analiza el comunicado que la cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13.
«Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano», apostillaron.
Razonaron que las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones, pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.
Calificaron las medidas oficiales al respecto que, esa política autoritaria, antidemocrática, que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población para satisfacer a la extrema derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma de debilidad. El presidente es incapaz de dar una respuesta pública a la extrema derecha que llama a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro y “patriótico” ante los organismos de derechos humanos.
Resaltaron que también compite en antihaitianismo con la derecha antivacunas, anti-aborto y anti-censo que participa junto al Instituto Duartiano, institución estatal, en marchas neofascistas.
Las entidades afirmaron que el reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país. En los últimos años, millones de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos han salido de sus países sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas.
«Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22», puntualiza el comunicado.
Otras organizaciones firmantes son en Argentina Lxs Safinas, Ciudades Feministas (CISCSA); por Colombia Sindicato de Trabajadores Artesanales, Informales e Independientes de Medellín (SINTRAIM), Junta Cívica Paraje El Pinar, AIH Colombia; por EEUU Butterfly Effect NYC, DC AfroLatino Caucus, We Are All Dominican, Compas de la Diáspora; desde México Unión Popular Valle Gómez, y por Uruguay Cotidiano Mujer.
Entre firmas individuales, República Dominicana Narciso Isa Conde, Movimiento Caamañista e Izquierda Revolucionaria, Altagracia Balcacer, Julio Ortega Frier, Angela Fernin, Foro Feminista Magaly Pineda, Roberto Espinal, Colegio Médico Dominicano, Javiela Evangelista, Marcel Méndez Fortuna, Fátima Lorenzo, Walter Cruz, Elissa L. Lister, Argentina Gutiérrez, feminista, Yildalina Tatem Brache, Mirla Hernández Núñez y María Bizenny Martínez.
Por Ecuador, Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente; Portugal, Verónica Sousa; EEUU, Amarilys Estrella, Rocio Silverio, Kleaver Cruz, Yanilda Gonzalez, Stephanie Holguín y Amaury Rodríguez.