Cuatro colombianos arrestados en el Piantini reavivan el debate sobre los “intercambios de disparos”
Por JAVIER PEGUERO
- La detención de los extranjeros contrasta con las 55 muertes registradas por la Policía en presuntos enfrentamientos durante septiembre; la diferencia plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.
SANTO DOMINGO.– Cuatro ciudadanos colombianos acusados de cometer asaltos a mano armada en el exclusivo sector Piantini, del Distrito Nacional, fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional y quedaron bajo investigación, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el trato que reciben los sospechosos de delitos en República Dominicana.
Los detenidos fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42, según informaciones publicadas por la prensa nacional el 26 de octubre de 2026.
Durante el operativo, las autoridades ocuparon una pistola calibre nueve milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.
La investigación se originó a partir de varias denuncias, incluido el robo violento de un reloj de lujo y un intento de asalto en la calle André Julio Aybar, en Piantini. La Policía sostiene que los vehículos ocupados habrían sido utilizados para vigilar y seguir a posibles víctimas.
Los cuatro hombres fueron detenidos vivos y, conforme a las informaciones divulgadas, serían puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Su responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso judicial.
La diferencia entre este desenlace y otros casos merece atención. De acuerdo con cifras divulgadas por la propia Policía, durante septiembre se registraron 55 muertes en hechos clasificados como presuntos intercambios de disparos, dentro de un total de 125 homicidios contabilizados ese mes.
La cifra no demuestra, por sí sola, que todos esos fallecimientos fueran ejecuciones ilegales ni que las circunstancias de los casos sean idénticas. Sin embargo, obliga a preguntar cuántas muertes fueron investigadas de manera independiente y en cuántas se establecieron responsabilidades por el uso de la fuerza.
El debate adquiere mayor relevancia porque la Procuraduría General de la República no ofreció a Diario Libre datos suficientes para aclarar cuántos de esos casos fueron investigados, cuántos agentes fueron sometidos a la justicia y qué protocolos se aplicaron.
Muchos de los fallecidos en intervenciones policiales son descritos por las autoridades como personas vinculadas a robos, atracos y otros delitos. Pero una acusación, incluso cuando existen indicios relevantes, no elimina el derecho a la vida ni sustituye la obligación estatal de investigar y garantizar el debido proceso.
La pregunta, por tanto, no consiste en reclamar un trato privilegiado para los extranjeros ni en cuestionar que sean arrestados quienes presuntamente delinquen. Consiste en exigir que la detención y el sometimiento a la justicia sean la regla para toda persona sospechosa, independientemente de su nacionalidad, origen social o capacidad económica.
¿Por qué unos sospechosos llegan vivos ante el Ministerio Público, mientras otros terminan muertos en operativos que la propia institución presenta como enfrentamientos? Cada caso debe examinarse según sus evidencias, pero ninguno debería quedar exento de una investigación transparente.
La seguridad ciudadana no se mide por la cantidad de sospechosos muertos, sino por la capacidad del Estado para detenerlos, probar sus delitos ante los tribunales y garantizar que la ley se aplique por igual.
