Aprueban reforma policial que reduce salarios y frena ascensos a agentes sancionados
Por JAVIER PEGUERO
SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que endurece el régimen disciplinario de la institución establece descuentos salariales para los agentes que incurran en faltas y limita las posibilidades de ascenso de quienes hayan sido sancionados por conductas abusivas o violaciones graves a los reglamentos.
La propuesta legislativa, integrada por 315 artículos, forma parte del proceso de transformación de la Policía Nacional promovido por el Gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de fortalecer la profesionalización, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas dentro de la institución. La iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los senadores presentes y deberá ser conocida en una segunda lectura antes de continuar su curso legislativo.
Entre los cambios más significativos figura un nuevo sistema de sanciones disciplinarias que contempla descuentos de entre cinco y 60 días de salario para las faltas leves y graves, así como suspensiones sin disfrute de sueldo de 61 a 120 días para las faltas muy graves de segundo grado. Las infracciones más graves de primer grado serán castigadas con la destitución inmediata del agente.
La reforma también endurece los requisitos para la permanencia en la carrera policial. Los miembros que acumulen tres sanciones por faltas muy graves en un período de cinco años serán desvinculados definitivamente de la institución y no podrán reingresar a sus filas. Además, la evaluación disciplinaria pasará a ser un criterio determinante para la permanencia y el desarrollo profesional.
Otro aspecto relevante es que el proyecto fortalece el sistema de ascensos mediante criterios objetivos basados en la preparación académica, el desempeño, la conducta ética y los méritos profesionales. Con ello se busca impedir que agentes con antecedentes disciplinarios o responsables de abusos puedan escalar posiciones dentro de la institución.
La pieza legislativa redefine la estructura de la Policía Nacional en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, con el objetivo de modernizar la carrera policial y establecer mecanismos de evaluación más rigurosos para la promoción de sus miembros.
En materia de actuación policial, el proyecto regula con mayor precisión el uso de la fuerza, estableciendo que solo podrá emplearse cuando resulte estrictamente necesario, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. También obliga a utilizar cámaras corporales durante los procedimientos y autoriza a los ciudadanos a grabar las intervenciones policiales.
Asimismo, prohíbe los registros personales o vehiculares motivados por prejuicios relacionados con la raza, el origen étnico, la apariencia física o la identidad de género, y dispone que las requisas solo podrán realizarse para prevenir riesgos, localizar armas, objetos robados o sustancias prohibidas, conforme a los protocolos establecidos.
La reforma también elimina la práctica de asignar agentes de manera permanente a servicios privados y limita esa posibilidad exclusivamente a instituciones públicas, estableciendo responsabilidades disciplinarias, administrativas e incluso penales para las autoridades que incumplan esta disposición.
Otro de los cambios crea el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN), que deberá comenzar a operar dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley, como parte del nuevo modelo de protección social para los miembros de la institución.
La discusión de la reforma ocurre en un contexto de creciente presión social por los recientes casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, entre ellos la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado en Santo Domingo Oeste, hecho que generó protestas y renovó las demandas de una transformación profunda de la institución.
Con esta iniciativa, el Gobierno procura consolidar un nuevo modelo policial basado en la disciplina, la profesionalización y la responsabilidad institucional. No obstante, para convertirse en ley, el proyecto aún deberá ser aprobado en segunda lectura por el Senado y posteriormente conocido por la Cámara de Diputados antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo.
