Conocerán este lunes medida de coerción contra tres exgerentes por caso Onco14
Por ARMANDO PASCUAL MADE
SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra tres exgerentes del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el denominado caso Onco14, una investigación que destapó un presunto entramado de corrupción en perjuicio de pacientes oncológicos, del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y del Estado dominicano.
El órgano acusador solicita que a los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa del principal acusado, se les impongan 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo, debido a la magnitud del presunto fraude y la cantidad de pruebas reunidas durante la investigación.
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, los imputados habrían conformado una estructura para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer mediante diversas maniobras fraudulentas, incluyendo el control irregular de la facturación a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la eliminación de controles internos y la presunta apropiación de fondos públicos provenientes del SeNaSa.
Las investigaciones también establecen que la red habría comercializado medicamentos donados para pacientes oncológicos, obligando al personal a venderlos bajo amenaza de despido, además de utilizar habitaciones destinadas a enfermos de cáncer para otros fines y realizar operaciones con medicamentos controlados al margen de las disposiciones legales. El Ministerio Público calificó esas acciones como una conducta que afectó directamente a personas de escasos recursos que dependían de esos servicios de salud.
Para sustentar las imputaciones, los fiscales aseguran disponer de 155 elementos de prueba, entre ellos testimonios, peritajes, documentos, evidencias materiales y actuaciones procesales, con los que procuran demostrar la existencia de una estructura organizada para cometer los hechos atribuidos a los encartados.
El expediente señala que los acusados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, abuso de confianza, soborno, delitos de alta tecnología, lavado de activos y otras infracciones contempladas en la legislación penal dominicana. Asimismo, el SeNaSa se constituyó en actor civil dentro del proceso al considerarse una de las principales instituciones perjudicadas por el presunto fraude.
La audiencia de este lunes se celebra luego de varios aplazamientos motivados por incidentes procesales planteados por la defensa de los imputados. El Ministerio Público ha reiterado que está preparado para sustentar la solicitud de coerción y no descarta que la investigación continúe con nuevos allanamientos, arrestos o sometimientos de otras personas presuntamente vinculadas al esquema de corrupción.
