Corte deja sin efecto revisión de coerción a fiscal Aurelio Valdez y mantiene prisión preventiva
Por JAVIER PEGUERO
SANTO DOMINGO. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto este lunes la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acogiendo un pedimento del Ministerio Público que estableció que el plazo legal para conocer esa revisión aún no había vencido. En consecuencia, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.
La decisión fue adoptada por la jueza Nancy Joaquín, luego de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicara que el plazo de tres meses para la revisión comenzó a contarse nuevamente desde el pasado 3 de junio, fecha en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la medida de coerción dictada contra el representante del Ministerio Público.
El tribunal fijó para el próximo 3 de septiembre la nueva audiencia de revisión obligatoria de la prisión preventiva, conforme a lo establecido en el párrafo III del artículo 243 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público sostuvo que la medida cautelar continúa siendo necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar riesgos procesales.
Valdez Alcántara guarda prisión desde que la jueza especial de la Instrucción, Ysis Muñiz, le impuso tres meses de prisión preventiva tras acoger la solicitud del órgano acusador, decisión que posteriormente fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia al rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
De acuerdo con el expediente instrumentado por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el fiscal es investigado por supuestamente exigir un soborno de US$200,000, monto que luego habría reducido a US$150,000, a una persona investigada en un proceso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), a cambio de favorecerla judicialmente.
Las investigaciones señalan además que el imputado habría solicitado un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte de las exigencias económicas. El arresto se produjo durante una operación de entrega controlada autorizada por un tribunal, en la que presuntamente recibió US$10,000 marcados por las autoridades, evidencia que forma parte del expediente acusatorio.
El Ministerio Público atribuye al fiscal la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano relativas al cohecho y la corrupción administrativa, así como de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Según las autoridades, los elementos de prueba reunidos hasta el momento sustentan la necesidad de mantener la prisión preventiva mientras concluye la fase investigativa.
El caso ha concitado amplio interés en la opinión pública por involucrar a un miembro del propio Ministerio Público acusado de utilizar su cargo para obtener beneficios económicos ilícitos. Las autoridades han reiterado que la investigación forma parte de la política institucional de perseguir los actos de corrupción sin distinción de la función que desempeñen los implicados dentro del sistema de justicia.
