EE.UU. obtiene control mayoritario de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano
Por Editor de Mundo
- Un acuerdo que le otorga a EE. UU. el control mayoritario de las vastas reservas venezolanas atenta contra el corazón de la identidad nacional.
- Acuerdo anunciado por Trump contempla inversiones cercanas a US$100 mil millones y provoca fuertes cuestionamientos en Venezuela; el convenio tendría una duración de 25 años.
WASHINGTON, EE.UU.- La administración del presidente Donald Trump ha alcanzado un controvertido acuerdo con Venezuela que otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario sobre la explotación de unos 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, en una operación que ha provocado fuertes reacciones políticas dentro y fuera del país sudamericano.
El acuerdo, anunciado por Trump el viernes y ampliado posteriormente con nuevos detalles, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos y la participación de empresas privadas estadounidenses y venezolanas. El Gobierno de Venezuela, encabezado interinamente por Delcy Rodríguez, sostiene que el convenio tendrá una duración de 25 años y permitirá elevar la producción nacional hasta aproximadamente 1.5 millones de barriles diarios.
Trump presentó la operación como una de las mayores transacciones petroleras de la historia y afirmó que permitirá fortalecer la seguridad energética estadounidense, aumentar la disponibilidad de crudo y contribuir al restablecimiento de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, que se encuentran en niveles históricamente bajos.
El mandatario estadounidense anunció este domingo que el petróleo venezolano obtenido mediante el acuerdo será utilizado para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).
Reuters informó que las reservas estadounidenses rondan actualmente los 290 millones de barriles, uno de los niveles más bajos en aproximadamente 44 años. Sin embargo, especialistas advierten que la deteriorada infraestructura petrolera venezolana requerirá importantes inversiones antes de que pueda producirse un aumento significativo de los suministros.
Según el New York Times, el acuerdo tiene una estructura particularmente inusual. Washington trabajará con North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa petrolera privada venezolana controlada por la familia del empresario Alejandro Betancourt López. El periódico señala que el Gobierno estadounidense tendría acceso preferencial al crudo y que Estados Unidos obtendría aproximadamente 55 % de la producción de la empresa conjunta.
La participación de Betancourt constituye uno de los elementos más controvertidos del pacto. El New York Times señala que el empresario adquirió notoriedad durante los gobiernos chavistas después de recibir contratos para construir plantas eléctricas, pese a carecer inicialmente de experiencia en ese sector. Posteriormente incursionó en la industria petrolera y su empresa llegó a producir alrededor de 200 mil barriles diarios.
El diario neoyorquino también informó que las cuentas bancarias personales de Betancourt han sido investigadas durante más de una década por fiscales en Zúrich, aunque el empresario no ha sido formalmente acusado de ningún delito en Suiza. Su compañía rechazó las insinuaciones de irregularidad y afirmó que Betancourt nunca ha sido acusado penalmente en ninguna jurisdicción.
La administración Trump prevé respaldar financieramente el desarrollo de una parte importante de las reservas mediante la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, mientras NABEP asumiría un papel central en las operaciones. El acuerdo abarcaría campos petroleros ubicados en distintas zonas de Venezuela y podría facilitar la llegada de nuevas inversiones extranjeras al deteriorado sector energético venezolano.
El Gobierno venezolano calcula que el convenio podría generar alrededor de US$209 mil millones en ingresos para el Estado, tomando como referencia un precio de US$65 por barril, mientras que la inversión privada prevista para reconstruir y modernizar la industria rondaría los US$100 mil millones. Rodríguez sostiene que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales.
No obstante, la operación ha desencadenado una fuerte controversia en Venezuela. El New York Times recogió testimonios de ciudadanos que consideran que el país está entregando una parte fundamental de su patrimonio nacional a Washington. La reacción resulta especialmente significativa porque Venezuela nacionalizó su industria petrolera durante la década de 1970 y el control estatal de los hidrocarburos se convirtió posteriormente en uno de los pilares del proyecto político de Hugo Chávez.
El periódico estadounidense calificó el cambio como un “asombroso giro” respecto de la histórica política petrolera venezolana. Algunos opositores consideran que el acuerdo podría facilitar una recuperación económica, pero otros advierten que no garantiza una transición democrática ni mejoras inmediatas para la población.
La discusión también se extiende al ámbito jurídico. Analistas han cuestionado la compatibilidad del acuerdo con las disposiciones constitucionales venezolanas que establecen la propiedad estatal sobre los hidrocarburos. A ello se suma la incertidumbre sobre la capacidad real de la industria para incrementar rápidamente la producción, después de años de falta de inversiones, deterioro de instalaciones, corrupción y sanciones estadounidenses.
Mientras Washington apuesta a que el petróleo venezolano contribuya a reforzar su seguridad energética y reducir la influencia de productores de Medio Oriente, Caracas espera que la llegada de capital y tecnología extranjera permita recuperar una industria que alguna vez fue uno de los principales motores económicos de América Latina.
El acuerdo, por tanto, trasciende una simple operación comercial. Para Estados Unidos representa una oportunidad para ampliar su influencia sobre una de las mayores reservas petroleras del planeta; para el Gobierno venezolano, una vía para obtener capital y recuperar producción; y para numerosos venezolanos, una decisión que pone nuevamente sobre la mesa el viejo dilema entre soberanía nacional, inversión extranjera y control de los recursos naturales.
