Gobierno establece controles al uso de inteligencia artificial en instituciones públicas
Por JAVIER PEGUERO
- Decreto 787-26 reconoce a los ciudadanos el derecho a conocer cuándo una decisión estatal utiliza sistemas automatizados, solicitar explicaciones y exigir una revisión humana; también prohíbe prácticas de vigilancia masiva y clasificación social.
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano estableció nuevas reglas para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en las instituciones públicas, mediante el Decreto 787-26, firmado por el presidente Luis Abinader, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos.
La disposición reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados cuando una institución estatal utilice esta tecnología para evaluar solicitudes de asistencia social, determinar el acceso a servicios públicos o respaldar decisiones administrativas que puedan afectar sus derechos.
Asimismo, las personas podrán solicitar explicaciones comprensibles sobre los resultados obtenidos mediante sistemas automatizados y exigir que un funcionario revise las decisiones en las que haya intervenido la inteligencia artificial.
El nuevo código establece que los sistemas considerados de alto impacto deberán someterse a Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED) antes de entrar en funcionamiento, especialmente cuando puedan incidir en beneficios sociales, derechos fundamentales o facultades sancionadoras de la Administración pública.
Entre las prácticas expresamente prohibidas figuran la clasificación social generalizada de los ciudadanos, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en condiciones territoriales o socioeconómicas y la automatización de sentencias penales.
La normativa también contempla medidas especiales para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a sistemas de inteligencia artificial capaces de generar o distribuir contenidos abusivos, lesivos o discriminatorios.
En materia de seguridad tecnológica, las instituciones deberán exigir a sus proveedores garantías de ciberseguridad, trazabilidad y control de los datos, además de evitar la contratación de sistemas que no puedan ser auditados por el Estado.
El decreto dispone, además, la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo consultivo y de coordinación que contará con participación de instituciones estatales, la academia y representantes de la sociedad civil.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tendrá responsabilidades de supervisión y recepción de denuncias sobre posibles incumplimientos, mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ofrecerá acompañamiento técnico.
Las instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada dispondrán de 180 días calendario, contados a partir de la publicación del decreto, para adecuar sus procedimientos, registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y designar a los funcionarios responsables de su supervisión.
La iniciativa fue coordinada por la OGTIC y la DIGEIG, con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), tomando como referencia principios y estándares internacionales promovidos por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
