Jochy Gómez niega sabotaje en red semafórica y atribuye colapso a fallas oficiales
Por JAVIER PEGUERO
SANTO DOMINGO.– José Ángel Gómez Canaán, principal imputado en el presunto fraude contra el Estado vinculado al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, afirmó este viernes ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el colapso de la red no obedeció a sabotaje, sino a errores cometidos por autoridades gubernamentales.
Durante su intervención en el tribunal, presidido por la jueza Yanibet Rivas, Gómez Canaán rechazó las acusaciones de estafa relacionadas con el contrato ejecutado por la empresa Transcore, particularmente en lo referente al anticipo del 20 % del monto contratado, equivalente a 263 millones de pesos.
El imputado sostuvo que dichos recursos no fueron distribuidos de manera irregular, como plantea el Ministerio Público, sino que se destinaron al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto tecnológico.
Gómez Canaán explicó que la ejecución del contrato inició en junio de 2023, mientras que los desembolsos estatales se realizaron posteriormente, entre agosto y octubre del mismo año. Según su versión, durante ese período inicial la empresa operó mediante financiamiento privado, incluyendo una línea de crédito superior a 120 millones de pesos con el Banco BDI, así como préstamos provenientes de Dekolor, firma en la que participa como socio.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, un proyecto que buscaba mejorar la movilidad urbana mediante la implementación de tecnología inteligente, pero que terminó envuelto en denuncias de fallas operativas, apagones en intersecciones clave y cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación y ejecución del contrato.
De acuerdo con informaciones previas ofrecidas por el Ministerio Público, el expediente acusa a los implicados de supuestamente desviar fondos públicos y de incumplir con los términos técnicos del contrato, lo que habría contribuido al deterioro del sistema. Sin embargo, la defensa insiste en que los problemas registrados responden a decisiones administrativas y a una inadecuada gestión institucional del proyecto.
El proceso judicial continúa en fase de instrucción, en medio de un debate público sobre la eficiencia del gasto en infraestructura tecnológica y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión estatal en contrataciones de alto impacto.
La audiencia fue recesada para continuar con la presentación de pruebas y argumentos de las partes involucradas.
