Narciso Isa Conde cuestiona alcance de investigación por fraude millonario en SeNaSa
Por CLARA E. MARTINEZ FERNANDEZ
- El dirigente del PPP afirma que los nuevos arrestos se concentran en médicos y prestadores de servicios, mientras reclama investigar posibles responsabilidades de funcionarios y grandes empresas
SANTO DOMINGO.– El dirigente del Partido del Poder Popular (PPP), Narciso Isa Conde, cuestionó el alcance de la investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y reclamó que las pesquisas determinen todas las responsabilidades, sin importar el nivel de los involucrados.
Isa Conde reaccionó a la denominada Operación Cobra 2.0-A, mediante la cual el Ministerio Público realizó 37 allanamientos y arrestó a 28 personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí. Entre los detenidos figuran médicos y otros prestadores de servicios de salud.
El dirigente de izquierda sostuvo que los arrestos corresponden principalmente a sectores profesionales y empresariales de nivel bajo y medio, mientras, a su juicio, permanecen sin identificar responsabilidades en las instancias de mayor poder vinculadas al caso.
También cuestionó que las autoridades no hayan divulgado todos los nombres de los detenidos. Consideró que mantenerlos bajo reserva dificulta conocer las responsabilidades individuales y el alcance real de las operaciones investigadas.
Entre los nombres que, según Isa Conde, han trascendido figuran el médico Gabriel Ravelo, subdirector del Hospital Darío Contreras; Steven Rabassa, y luego dejado en libertad, y un especialista identificado como el doctor Puriel. Las autoridades no han publicado una relación oficial completa de los 28 arrestados.
Isa Conde afirmó que el Ministerio Público ha descrito una estructura integrada por clínicas, centros médicos, farmacias y empresas que presuntamente habría utilizado facturas ficticias, códigos de prestadores cancelados y cobros por servicios médicos no realizados.
El Ministerio Público sostiene que la investigación procura establecer cómo exempleados de SeNaSa, médicos y otros prestadores habrían participado en mecanismos para sustraer recursos públicos. En esta nueva fase también fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas y otros bienes.
El dirigente cuestionó particularmente el silencio que, según afirma, existe respecto de determinadas empresas farmacéuticas y centros intermediarios que habrían participado en las operaciones investigadas. Mencionó a la cadena GBC, aunque esa imputación forma parte de su denuncia y no constituye hasta ahora una responsabilidad judicial establecida.
Asimismo, reclamó investigar las posibles conexiones entre los negocios vinculados al expediente y funcionarios o sectores empresariales con influencia política. Isa Conde sostuvo que una investigación de esta magnitud no debe limitarse a quienes ejecutaron operaciones específicas.
El dirigente también cuestionó la actuación de funcionarios responsables de la supervisión de la seguridad social y la salud pública, y planteó que debe establecerse si hubo omisiones de control o actuaciones que facilitaron las irregularidades.
Isa Conde relacionó sus señalamientos con la gestión del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, quien figura entre los principales imputados de la primera fase de la Operación Cobra. El Ministerio Público lo señala como supuesto cabecilla del entramado investigado, acusación que deberá ser sustentada ante los tribunales.
El presunto fraude contra SeNaSa ha sido estimado inicialmente en más de RD$15,000 millones, mientras el expediente y reportes posteriores han manejado cifras superiores. La nueva fase, sin embargo, amplía la investigación hacia prestadores y profesionales de la salud y no establece automáticamente que todo ese monto corresponda a los 28 nuevos arrestados.
Isa Conde insistió en que la investigación debe continuar hasta determinar quiénes diseñaron, facilitaron, ejecutaron o se beneficiaron del supuesto esquema fraudulento. Mientras tanto, las personas detenidas mantienen la presunción de inocencia y corresponde a los tribunales establecer las responsabilidades penales individuales.
