PEPCA solicita 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados en caso SeNaSa 2.0-A
Por JAVIER PEGUERO
- El expediente, de unas 525 páginas, acusa a 20 médicos y cinco empleados de participar en maniobras que habrían provocado un perjuicio superior a RD$40 millones; el Ministerio Público también pide declarar el proceso de tramitación compleja
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 25 de los 28 arrestados en la denominada Operación Cobra 2.0-A, nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades y fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y la declaratoria de caso complejo, alegando la existencia de una investigación de considerable extensión, múltiples involucrados y diversas líneas de presuntas operaciones fraudulentas.
Aunque inicialmente fueron arrestadas 28 personas, tres fueron dejadas en libertad, por lo que el expediente judicial quedó reducido a 25 imputados, entre ellos 20 médicos y cinco empleados o vinculados al sector administrativo.
El voluminoso expediente, de aproximadamente 525 páginas, atribuye a los procesados la presunta sustracción de más de RD$40 millones de los fondos administrados por SeNaSa, mediante mecanismos que, según el Ministerio Público, involucraban la facturación irregular de servicios médicos y procedimientos que no habrían sido realizados.
De acuerdo con informaciones derivadas de la investigación judicial, se habrían identificado más de 4,300 autorizaciones médicas irregulares por unos RD$41 millones, mientras que el Ministerio Público continúa rastreando el movimiento de los recursos y la eventual participación de otras personas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, explicó que esta nueva fase forma parte de las distintas líneas investigativas abiertas alrededor del denominado caso Cobra y sostuvo que los recursos presuntamente distraídos pertenecen al sistema público de salud. «Esta es la tercera operación que vincula fondos que ha sido sustraído al Seguro Nacional de Salud», afirmó Ortiz al referirse a la nueva fase de las pesquisas».
Los médicos imputados
Los 20 médicos incluidos en la solicitud de coerción son Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los cinco empleados señalados en el expediente son Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
Amplio despliegue judicial
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos realizados de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En el operativo participaron 45 fiscales, unos 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Durante los allanamientos fueron ocupados, según el Ministerio Público, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego, documentos y otros bienes considerados de interés para la investigación.
La acusación forma parte de un proceso mucho más amplio sobre presuntas irregularidades en SeNaSa, en el que el Ministerio Público ha señalado diferentes mecanismos utilizados para afectar fondos públicos. La nueva fase incorpora a médicos, prestadores de servicios de salud, exempleados y otras personas que, según la acusación, habrían actuado coordinadamente.
La solicitud de prisión preventiva deberá ser conocida ahora por el tribunal competente, que tendrá que valorar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas. La condición de imputados no equivale a una declaración de culpabilidad, por lo que las responsabilidades individuales deberán determinarse durante el proceso judicial.
El Ministerio Público, entretanto, ha advertido que las investigaciones permanecen abiertas y podrían ampliarse, por lo que el expediente de Cobra 2.0-A todavía podría incorporar nuevas personas, hechos o líneas de investigación.
