Supremo de EE.UU. mantiene ciudadanía por nacimiento y frena a Trump
Por Editor de Mundo
WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un nuevo revés al presidente Donald Trump al declarar inconstitucional su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, manteniendo vigente una de las garantías fundamentales consagradas en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para modificar un derecho constitucional mediante decreto, por lo que confirmó que los niños nacidos en territorio estadounidense continúan adquiriendo automáticamente la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, quien sostuvo que la ciudadanía por nacimiento constituye un principio respaldado por más de un siglo de jurisprudencia y por el texto de la Decimocuarta Enmienda. El fallo reafirma además el precedente establecido en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), considerado la base jurídica de este derecho.
La orden ejecutiva, firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con estatus migratorio temporal. Sin embargo, la medida nunca llegó a entrar en vigor debido a que varios tribunales federales la bloquearon mientras avanzaba el proceso judicial.
Tras conocerse la decisión, Trump expresó su desacuerdo con el fallo y afirmó que impulsará en el Congreso una legislación para modificar las reglas de la ciudadanía por nacimiento, aunque expertos constitucionales consideran que un cambio de esa naturaleza requeriría una reforma constitucional o una nueva interpretación del propio Tribunal Supremo.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes celebraron la sentencia al considerar que protege a cientos de miles de niños que nacen cada año en Estados Unidos y evita que queden en un limbo jurídico. Estimaciones citadas durante el proceso indican que alrededor de 250 mil menores habrían resultado afectados anualmente si la orden presidencial hubiera entrado en vigor.
La decisión representa una de las derrotas judiciales más significativas para la agenda migratoria de Trump y reafirma que la ciudadanía por nacimiento continúa siendo un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos, el cual no puede ser limitado mediante una acción unilateral del presidente.
