El costo que la crisis bancaria dejó en el Banco Central

LECTURAS ACADÉMICAS

Por BERNARDO HIRAN SANCHEZ MELO, Ph.D.

El costo que la crisis bancaria dejó en el Banco Central Más de dos décadas después de 2003, el déficit cuasifiscal continúa enlazando la política monetaria con el presupuesto y la deuda pública.

El propósito de este artículo es explicar cómo la respuesta a la crisis bancaria de 2003 se convirtió en una fuente persistente de pérdidas cuasifiscales. El análisis reconstruye la secuencia que conectó la asistencia de liquidez y la protección de los depositantes con la emisión de títulos remunerados, el aumento del gasto financiero del Banco Central, el deterioro de su patrimonio y la posterior necesidad de recapitalización estatal.

La crisis bancaria de 2003 parece un episodio lejano. Sin embargo, una parte de su costo continúa presente en el balance del Banco Central de la República Dominicana y, por esa vía, en las finanzas públicas. La huella no se limita al dinero empleado para proteger a los depositantes. También aparece en los títulos emitidos para retirar liquidez, en los intereses que esos títulos generan, en las pérdidas anuales del Banco Central y en las obligaciones reconocidas a cargo del Gobierno.

Para entender el problema conviene distinguir varias magnitudes. El rescate bancario fue el conjunto de recursos movilizados para contener la crisis. Los valores emitidos son pasivos remunerados del Banco Central.

En este artículo, el déficit cuasifiscal se entiende como el flujo de pérdidas registrado durante un período, mientras que las pérdidas acumuladas reflejan el efecto patrimonial de varios años. Aunque están relacionadas, estas cifras no miden lo mismo y no deben sumarse como si fueran una sola deuda.

El colapso de Baninter, seguido por los problemas de Bancrédito y el Banco Mercantil, no fue un accidente repentino ni puede atribuirse de manera simple a una sola gestión de gobierno. En las entidades afectadas convergieron fraude, operaciones vinculadas, contabilidad irregular, concentración de riesgos, mala administración y debilidades prolongadas de supervisión. Cuando las pérdidas ocultas salieron a la luz, la confianza de los depositantes se deterioró y aumentó el riesgo de una corrida generalizada.

Ante el colapso de los bancos, se produjo la siguiente secuencia: el Banco Central decidió proteger los depósitos y aportar liquidez para evitar que la crisis se extendiera al sistema de pagos. Con estas medidas se procuró contener un daño mayor, pero también se expandió la cantidad de dinero. Para absorber parte de esa liquidez y moderar las presiones sobre la inflación y el tipo de cambio, la institución emitió certificados y otros valores. Entre ellos figuraron certificados de inversión de corto plazo con tasas de interés de 45.0 % y 60.0 % anual. De este modo, la esterilización atendió una urgencia monetaria, pero creó una obligación financiera duradera.

El problema surgió, en consecuencia, porque una parte de los activos recibidos de los bancos intervenidos tenía escasa rentabilidad o era de difícil recuperación, mientras los pasivos emitidos para retirar liquidez generaban intereses. La diferencia entre el rendimiento de los activos y el costo de los pasivos comenzó a producir pérdidas recurrentes. De ese modo, el costo de la crisis bancaria terminó transformándose, a la postre, en un déficit cuasifiscal persistente.

Los estados financieros auditados permiten apreciar la dimensión alcanzada por este proceso. La cuenta por recibir del Gobierno dominicano pasó de RD$39,535.7 millones en 2003 a RD$764,979.0 millones en 2025. De este último monto, RD$749,880.4 millones corresponden al déficit acumulado reconocido a cargo del Gobierno. Aunque esa cuenta constituye un activo para el Banco Central, no es efectivo disponible: su componente principal no devenga intereses ni tiene fecha específica de cobro.

Los valores emitidos también crecieron considerablemente: pasaron de RD$6,905.3 millones en 2002 a RD$59,522.9 millones en 2003 y alcanzaron RD$828,345.5 millones en 2025. Al cierre de ese año equivalían al 41.9 % del total de activos del Banco Central. Aunque no constituyen el déficit cuasifiscal, son una de sus principales fuentes de costo porque deben ser remunerados.

En 2025, los instrumentos de política monetaria devengaron RD$113,022.9 millones en intereses, más que los ingresos totales del Banco Central, ascendentes a RD$96,224.6 millones. Estos incluyeron transferencias para la recapitalización por RD$35,007.8 millones y rendimientos de instrumentos de recapitalización por RD$13,650.7 millones. Aun así, el ejercicio cerró con una pérdida neta de RD$28,685.0 millones.

El patrimonio del Banco Central cerró con un saldo negativo de RD$26,313.5 millones. Esto no significa que la institución vaya a quebrar como un banco comercial. Un banco central puede operar con patrimonio negativo porque emite la moneda nacional y no está sujeto a las mismas reglas de solvencia. Sin embargo, las pérdidas persistentes pueden debilitar su autonomía financiera y, según la forma en que se cubran, repercutir en el presupuesto, la deuda o la liquidez.

Si bien la Ley núm. 167-07 organizó la recapitalización y dispuso que el Estado reconociera las pérdidas del Banco Central, el plazo de diez años establecido en ella concluyó en 2017 sin que esas pérdidas acumuladas fueran cubiertas en su totalidad. Desde el punto de vista contable, los bonos y las cuentas por cobrar se registran en el balance del Banco Central como activos frente al Gobierno. Sin embargo, desde la perspectiva del sector público consolidado, esos saldos se compensan entre sí, pero el costo no desaparece: lo que constituye un activo para el Banco Central es, al mismo tiempo, una obligación para el Gobierno.

Ahora bien, aunque las transferencias presupuestarias reducen el déficit del Banco Central, también restringen el margen de maniobra del Gobierno, pues cubren compromisos derivados del rescate bancario y del manejo de la política monetaria. Dentro del presupuesto, esos recursos compiten con la inversión pública, la educación, la salud, la infraestructura y la protección social. Y aunque la población no recibe una factura identificada como déficit cuasifiscal, soporta su carga mediante el servicio de la deuda, un menor espacio presupuestario o, eventualmente, mayores obligaciones tributarias.

Existe además un canal financiero: Cuando los títulos del Banco Central ofrecen rendimientos atractivos con bajo riesgo, pueden influir en la distribución de las carteras de los bancos, los fondos de pensiones y otros inversionistas, y reducir la proporción de recursos destinada a créditos o inversiones productivas más riesgosas. Debiéndose tomar en consideración que, el efecto no es automático: depende de la liquidez, la demanda de crédito y las condiciones monetarias internas y externas.

El patrimonio negativo tampoco genera inflación por sí mismo. Si las pérdidas se cubren con transferencias o bonos, el costo recae principalmente sobre el presupuesto y la deuda. Si se financian mediante creación de dinero no esterilizada, pueden aumentar la liquidez, la emanda de divisas y las presiones sobre los precios. Si esa liquidez se retira mediante títulos remunerados, disminuye el riesgo inflacionario inmediato, pero aumentan los intereses futuros.

En cierto modo, la crisis de 2003 explica el salto inicial, pero no todo el déficit actual puede atribuirse mecánicamente a aquel rescate. Con el tiempo, el problema ha adquirido una dinámica propia, determinada por el volumen de los títulos emitidos, las tasas de interés, el rendimiento de los activos y el cumplimiento incompleto de la recapitalización. El costo heredado se ha mezclado con el costo corriente de ejecutar la política monetaria.

La cuestión central, por tanto, no es si el Banco Central puede seguir funcionando. El desafío consiste en impedir que las pérdidas persistentes debiliten su autonomía financiera o condicionen las decisiones necesarias para controlar la inflación, moderar la volatilidad cambiaria y responder al ciclo económico.

El déficit cuasifiscal es una obligación pública que cambió de forma: nació en la resolución bancaria, pasó por los títulos de esterilización y hoy vincula el balance del Banco Central con el presupuesto. La salida, sin embargo, no consiste únicamente en emitir nuevos bonos para completar una cifra legal, porque eso puede sanear el balance del Banco Central sin reducir la obligación del sector público consolidado.

Queda, pues, una tarea central: medir y publicar el costo consolidado, convertir la recapitalización en un programa gradual, verificable y compatible con la capacidad fiscal, y coordinar la deuda del Gobierno con los instrumentos monetarios del BCRD. Solo así dejará de ser un traslado contable entre instituciones y comenzará a reordenarse una carga que, de otro modo, seguirá compitiendo con los recursos destinados al desarrollo.

Fuentes: estados financieros auditados del BCRD correspondientes a 2002-2003 y 2025; Ley núm. 167-07; Informe del Panel de Expertos Internacionales sobre la crisis bancaria dominicana (2005).

• El autor es economista y profesor universitario.